La Paz (ANSA, EFE, AFP, Reuters) - Candidatos presidenciales de distintos partidos y dirigentes sociales apoyaron ayer la convocatoria a elecciones que realizó para el 18 de diciembre el presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, y muchos de ellos advirtieron al Congreso que si no la convalida habrá riesgo de una grave crisis en el país.
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Rodríguez fijó esa fecha para realizar las elecciones y dictó una medida de excepción para garantizarlas, pero todavía depende de la aprobación del Congreso, donde Santa Cruz, el departamento (provincia) más rico, anunció que la impugnará porque la considera inconstitucional.
El movimiento cívico de esa región autonomista, primera en importancia en la economía del país, consideró nulo el decreto porque la reforma de la ley electoral para hacer una nueva distribución de diputaciones -tal como lo ordenó la Justicia- es una facultad del Congreso.
Según el decreto presidencial, Santa Cruz tendrá derecho a tres diputados más y Cochabamba a uno. Para compensar ese aumento, se les quitan dos a La Paz, uno a Potosí y uno a Oruro, de manera que la Cámara siga conformada por 130 miembros.
Un fallo del máximo tribunal judicial del país, que ordenó una redistribución que aumentaba cuatro diputados a Santa Cruz y dos a Cochabamba, restándoles tres a Potosí,dos a La Paz y uno a Oruro. Santa Cruz mantiene su demanda de «cuatro o nada, porque la ley no se negocia», aunque los restantes departamentos aceptaron la decisión presidencial, que será sometida hoy a la aprobación del Congreso.
«El presidente ha tomado una decisión política, jurídica y democrática para garantizar las elecciones. Estamos preocupados porque el más perjudicado es La Paz, pero estamos seguros de que tiene vocación democrática», declaró Evo Morales, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), primero en las encuestas de intención de voto.
«La decisión toma en cuenta el bien mayor, ante la falta de acción del Congreso. Después de mes y medio de debates inútiles, el presidente tenía la obligación de que se cumpla la Constitución», dijo a su vez el ex mandatario Jorge Quiroga, de Podemos, que marcha segundo en los sondeos.
Según el dirigente campesino Román Loayza, que había anunciado bloqueo de caminos desde el lunes, la decisión presidencial «es la única garantía de elecciones y tiene que hacerse respetar, porque si no las hay, será fatal para el país, porque el pueblo se levantará».
El secretario ejecutivo de la Central Obrera, Jaime Solares, advirtió hoy que «si el Congreso no aprueba el decreto y lo eleva a rango de ley, debemos prepararnos para una guerra civil y tomar el Parlamento».
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