Santa Cruz de la Sierra (AFP, ANSA, EFE) - El gobierno boliviano de Carlos Mesa negocia con representantes de Santa Cruz de la Sierra una vía legal para reconocer a dicha provincia la autonomía del poder central que reclaman, en las últimas semanas, diversas organizaciones sociales.
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Mesa reanudó el diálogo con una poderosa organización social y empresarial de Santa Cruz, y podría aceptar «reconocer el proceso» de las autonomías en Bolivia, dijeron fuentes del Comité Pro Santa Cruz (CPSCZ), que agrupa a 19 organizaciones cívicas y empresariales. El ministro de Asuntos Indígenas, Ricardo Calla, corroboró el proceso «si las condiciones van ajustándose a todo el contexto legal del país y al contexto constitucional, que es lo primero que debemos defender».
En este contexto, las fuerzas armadas dieron un claro respaldo al poder central. Mientras los movimientos autonomistas no se plasmen en el marco legal, las fuerzas armadas se abstendrán de obedecer a eventuales autoridades locales, advirtió el almirante Luis Aranda, comandante interarmas. «Sólo respondemos al gobernante con mandato constitucional», dijo Aranda.
De la respuesta del gobierno al proceso de negociación iniciado «depende» un previsible «endurecimiento» de las medidas que adopte el cabildo, llamado para mañana a la tarde, que podría hasta constituir de facto un gobierno autónomo del poder central en Bolivia.
Si fracasan las negociaciones, el camino a seguir es, entonces, «romper con el gobierno y legítimamente nombrar nuestras autoridades departamentales», resumió un vocero del CPSCZ, Carlos Dabdoub, luego de confirmar que hubo una aproximación con representantes del gobierno boliviano (que) han escuchado una posición firme de nuestra institución».
Los activistas convocaron a 25 legisladores, 23 consejeros, 56 concejales y cuatro representantes indígenas de la región para darles un mandato,en el marco del cabildo abierto, en la proyectada designación de un gobierno provisional autónomo. «Ellos deberán proponer el nombre de un gobernador (y) además establecer la normativa con el gobierno central sobre las transferencias departamentales (provinciales)», precisó Dabdoub.
•Condicionamiento
El gobierno de Mesa condicionó el éxito de la negociación al «levantamiento de medidas de presión, la pacificación de la situación en Santa Cruz, la normalización del funcionamiento del sector público y la apertura a aceptar la mediación de la Iglesia para que juegue un rol de negociación».
Activistas del CPSCZ controlaban ayer por décimo día consecutivo la mayor parte de las reparticiones públicas en esta ciudad a 900 kilómetros al este de La Paz, la más próspera del país.
Los reclamos de Santa Cruz se reflejaron en la sureña provincia de Tarija --epicentro de la cuenca gasífera de Bolivia-, donde una organización civil llamó para mañana a una marcha ciudadana para exigir a La Paz reconocimiento de regímenes regionales autónomos, aunque no se concretará el cabildo autonómico que también había sido convocado en la provincia.
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