La Paz (EFE, Reuters, ANSA, DPA) - La oposición boliviana anunció que realizará movilizaciones y paros el miércoles para protestar contra la ola de detenciones de dirigentes autonomistas del departamento ( provincia) de Tarija, acusados de haber incendiado en setiembre un importante gasoducto, en el marco de unas violentas protestas contra el presidente Evo Morales, que se cobraron la vida de una treintena de personas. Sumado a ello, el Gobierno izquierdista anunció ayer que alista además un proceso judicial, por terrorismo y otros delitos, contra el líder cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, señalado como cabecilla de un supuesto intento de golpe de Estado.
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El Comité Cívico de Tarija convocó a un paro para el miércoles en ese departamento del sur de Bolivia, en protesta por la orden de detención de su presidente, Reynaldo-Bayar, y otros cinco dirigentes que, según la Justicia, son los responsables del ataque incendiario al gasoducto. Estos arrestos pudieron realizarse gracias a la colaboración de Interpol Argentina, que brindó las locaciones exactas de los sospechosos.
Ante estas advertencias, el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, aseguró que «ningún paro ni medida de presión doblará la mano de la ley» y reiteró que «quienes hicieron daño al Estado, a la democracia y a la Constitución tienen que responder por sus actos». La petrolera estatal YPFB estimó en 100 millones de dólares el daño económico provocado al Estado por el incendio en el gasoducto de Tarija, que exporta ese hidrocarburo hacia Brasil y la Argentina.
En la misma línea, el ministro de Gobierno Interior, Alfredo Rada, aseveró que los prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija, todos ellos opositores, se reunieron en agosto y planificaron un «golpe cívicoprefectural» que incluyó la toma de oficinas públicas, por lo que «tarde o temprano» se los enjuiciará.
Ante los arrestos, los líderes de las regiones rebeldes comenzaron a confirmar su presencia en las movilizaciones del miércoles. «Por supuesto que nos movilizaremos. Lo hicimos por la legalidad, por la democracia, por la justicia y la libertad, y vamos a hacerlo las veces que sea necesario porque defenderemos a nuestras autoridades», dijo Roberto Rivas, de la prefectura de Chuquisaca.
«Persecución»
«Aquí hay una persecución política clara contra todos los dirigentes de nuestros departamentos, por lo que es urgente tomar una posición conjunta», declaró John Cava, presidente del Comité Cívico de ese departamento.
En Santa Cruz, el presidentede la radical Unión Juvenil, David Sejas, anunció: « Vamos a convulsionar el departamento» y advirtió: «No se descarta que tomemos prácticamente el comando de la policía» si es apresado algún dirigente cívico o político de ese departamento.
En ese contexto, cobraba fuerza una eventual detención del empresario del agro Marinkovic. «Tenemos suficientes elementos de investigación que nos permiten afirmar una vinculación entre el señor Marinkovic y los actos de terrorismo que se produjeron en setiembre en varios lugares del país», dijo Rada.
Esas protestas, denunciadas por el Gobierno como «golpe cívico-prefectural», constituyeron el mayor desafío superado por Morales desde que asumió el poder en 2006.
Rada dijo que la detención de Marinkovic «dependerá de la fiscalía», que desarrolla investigaciones sobre la base de declaraciones de autores materiales y testigos de las protestas de setiembre» en la región sudoriental del Chaco. «Lo que tiene que hacer el señor Marinkovic es preparar su defensa y no tratar de huir», agregó.
El sábado, cuando algunos medios revelaron la preparación de un juicio contra Marinkovic, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, denunció una «persecución política» y advirtió que la población de ese departamento protegería al líder cívico.
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