Corte Suprema de EEUU volverá a examinar situación de presos en Guantánamo

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Washington, (ANSA) - Con una decisión sorpresiva, que no tiene precedentes al menos en los últimos treinta años, la Corte Suprema de Estados Unidos cambió de idea y aceptó examinar un caso que había rechazado previamente, en este caso un pedido de apelación de prisioneros detenidos en la cárcel de Guantánamo, según se anunció ayer.

Los jueces volverán a ocuparse, por tercera vez, de la legalidad de la prisión montada en la base naval norteamericana en Cuba.

La Corte había cerrado el jueves su año judicial y ayer, con los nueve jueces ya partiendo para sus vacaciones, se difundió una lista de los casos que el máximo tribunal estadounidense discutirá a partir del próximo otoño boreal.

Inesperadamente, en la lista se destacó el recurso presentado en nombre de decenas de los cerca de 380 personas detenidas en Guantánamo, un pedido que había sido rechazado por la misma Corte en abril.

La comunicación no estuvo acompañada por ningún comentario, por lo cual no quedó en claro cuales fueron los argumentos que llevaron a los jueces a cambiar de idea.

En base a las reglas de la Corte, se necesita una mayoría de cinco de los nueve jueces para decidir si se discute un caso previamente rechazado, y los expertos en asuntos judiciales recordaron que, al menos en las últimas tres décadas, no existieron situaciones similares.

"Es una extraordinaria victoria para los detenidos"; dijo Eric Freedman, docente de Derecho Constitucional en la Hofstra Law School y asesor legal de los prisioneros que presentaron la apelación.

Según Freedman, "es una decisión que va más allá de lo que solicitamos e indica claramente que existe un malestar" sobre la situación en Guantánamo.

La Corte Suprema se pronunció dos veces en los últimos años sobre la legitimidad del sistema de detención y procesamiento puesto en marcha en Guantánamo por el gobierno del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en ambas ocasiones rechazando de manera más o menos severa las políticas oficiales.

El año pasado, la Casa Blanca y el Pentágono habían buscado en el Congreso un refugio para las consecuencias de la segunda sentencia de la Corte Suprema.

En ese entonces el parlamento, todavía controlado por los republicanos, aprobó una ley ad hoc para instituir las "comisiones militares", los tribunales especiales para los presuntos terroristas.

A la luz de la existencia de esa ley, varias cortes federales rechazaron en los últimos meses los pedidos de los detenidos de poder comparecer frente a jueces militares ordinarios o tribunales federales en suelo estadounidense.

La Corte Suprema, en abril, se había pronunciado con la que parecía su palabra final, negándose a tomar en consideración por tercera vez la situación en Guantánamo.

Los abogados de los detenidos habían presentado la moción para pedir que se reconsiderase el caso, pero pensaron que se trataba apenas de un gesto formal, porque la Corte generalmente no vuelve sobre sus pasos.

En cambio, ayer llegó la sorpresa, quizás influenciada -se estimó en Washington- por una denuncia presentada en las últimas semanas por un ex coronel que trabajó en los tribunales militares en Guantánamo y sostiene que actúan en base a pruebas frágiles y bajo la presión de los comandantes.

La decisión de la Corte se agrega a las múltiples señales de inconformismo que circulan en la capital norteamericana sobre la situación en la cárcel instalada en Cuba.

La secretario de Estado, Condoleezza Rice, y el jefe del Pentágono, Robert Gates, están presionando al presidente para que cierre el centro de detención, pero la Casa Blanca dijo varias veces que, a su juicio, no existen las condiciones para hacerlo.

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