Crece en Uruguay la controversia por los juicios a militares

El ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry en una foto reciente, tras salir de los tribunales. La ola de juicios por el pasado violento ha reavivado tensiones en Uruguay.

Montevideo (ANSA, Reuters, EFE) - Las tres fuerzas armadas de Uruguay intentan unificar criterios para oponerse a los juicios a militares por violaciones a los derechos humanos, en momentos en que se suman presentaciones judiciales que amenazan con convocar a declarar a cientos de uniformados.

La polémica entre los jefes militares y el gobierno de Tabaré Vázquez sobre la interpretación de la Ley de Caducidad (amnistía) sancionada en 1986 llegó a tal punto que el influyente senador oficialista, Rafael Michelini, reclamó públicamente la renuncia del jefe del ejército, Mituel Angel Bertolotti.

Como medida de protesta por la apertura de juicios, el titular del ejército congeló la ayuda de su fuerza para hallar restos de desaparecidos, a la espera de una entrevista con Vázquez esta semana, y según el diario «El País», convocó a sus pares de la fuerza aérea y la armada para adoptar una posición conjunta. Anoche, para calmar los ánimos, Vázquez avaló a toda la cúpula militar, arriesgando divisiones en la coalición gobernante de centroizquierda.

• Inmunidad

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue aprobada en 1986 por el Parlamento para dar inmunidad a militares y a policías responsables de asesinatos, torturas, violaciones y secuestros cometidos por la dictadura uruguaya, y fue refrendada por un referendo popular en 1989. Vázquez sorprendió al anunciar el 1 de marzo, cuando asumió el cargo presidencial, que algunos crímenes de la dictadura no están amparados por la Ley de Amnistía, entre ellos, la desaparición y el homicidio en 1977 en Montevideo de María Claudia García Irurueta Goyena, nieta del poeta argentino Juan Gelman. El mandatario también ordenó realizar excavaciones en terrenos del cuartel de Infantería Blindada-N° 13 para saber si existe o si existió un cementerio clandestino donde fueron inhumados prisioneros políticos asesinados.

La Ley de Caducidad impide juzgar «los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985», cuando finalizó la dictadura, aunque no determina la fecha del comienzo de la amnistía, lo que permite al gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) interpretar que la norma no protege a los autores de crímenes cometidos antes de la instauración de la dictadura el 27 de junio de 1973.

Entre otros casos, el gobierno de Vázquez respondió a una consulta de la Justicia que la muerte el 9 de junio de 1973 de Roberto Luzardo, un preso político parapléjico, no está comprendida en la Ley de Caducidad.

En este contexto, los familiares del estudiante Héctor Castagnetto Da Rosa, presuntamente secuestrado, torturado y lanzado al Río de la Plata dos años antes del golpe de Estado que instauró la dictadura en Uruguay (1973-1985), presentaron ayer una denuncia ante la Justicia, patrocinados por el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). Castagnetto Da Rosa fue secuestrado el 17 de agosto de 1971, cuando tenía 17 años.

Por otra parte, el 16 de junio pasado declaró el ex presidente de facto Juan María Bordaberry, por la causa del homicidio en Buenos Aires de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurrido en 1976, un crimen que también fue excluido por Vázquez de la ley del perdón.