La decisión del gobierno boliviano que preside Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos e imponer a las empresas que explotan esos recursos en el país un régimen por el cual el Estado participará del negocio en 82% (actualmente las regalías son de 50%) provocó, como era de prever, una crisis regional. El primer afectado, Brasil, reaccionó a través de su gobierno convocando a una reunión presidencial que se realizará mañana en Puerto Iguazú. Lula coordinó ese encuentro con Evo Morales en una comunicación telefónica muy tensa. También invitó a Néstor Kirchner (hablaron ayer por la tarde) y a Hugo Chávez, con quien tanto en Buenos Aires como en Brasilia existe un clima de indignación. Bolivia provee 7 millones de metros cúbicos de gas por día a la Argentina (5% del consumo local) y 26 millones a Brasil (21% del consumo local). En el caso de este país, además, hay un motivo adicional de preocupación: la estatal Petrobras tiene gran parte de sus inversiones radicadas en el negocio gasífero boliviano.
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Las cancillerías de los dos países estuvieron ayer en comunicación permanente, a pesar de que Celso Amorim, el jefe de Itamaraty, regresará a Brasilia recién hoy de una visita a la OMC en Ginebra. Para su gobierno, comenzando por Lula, la noticia no podía ser peor. Durante toda la jornada de ayer el oficialismo brasileño buscó encuadrar políticamente el conflicto. El presidente convocó a su despacho a José Sergio Gabrielli, el presidente de Petrobras, que había sido durísimo, el lunes, al referirse al decreto «Héroes del Chaco» firmado por Morales. La estética elegida por el presidente cocalero agregó malestar: anunció la medida desde un campo hidrocarburífero explotado por Petrobras, Total y Repsol. Una vez hecho el anuncio, mandó tomar las instalaciones por las fuerzas armadas. Brasil y Bolivia se presentan habitualmente como países «aliados».
Sin embargo ayer, a pesar de la indignación que Lula le manifestó a Kirchner, el manejo de la negociación fue derivado desde la empresa petrolera al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por la tarde, el portal electrónico de la presidencia brasileña publicó una declaración en la que reconoce el derecho soberano de Bolivia a nacionalizar el negocio petrolero pero al mismo tiempo asegura que la provisión de gas está garantizada «por la voluntad política de ambos países, conforme reiteró el presidente Evo Morales en conversación telefónica con el presidente Lula e, igualmente, por dispositivos contractuales amparados en el Derecho Internacional». Primero el diálogo, después los tribunales, parecen haber dicho en Brasilia.
En Buenos Aires el proceso de esta crisis tuvo manifestaciones menos estridentes. El Estado nacional no tiene interesesdirectos en el sector energético boliviano y el gas que se importa desde allí es una porción mínima del que se consume. Al menos por ahora. Aun así se festejó que el ministro de Energía de Morales, Andrés Soliz Rada, dijera que las remesas de gas a la Argentina están garantizadas.
Estos detalles no sirven para ocultar la verdadera sensación. Julio De Vido fue sorprendido el domingo con la noticia de la nacionalización de los recursos y con la decisión del Estado boliviano de aplicar un impuesto de 82% sobre la explotación del gas. Hace una semana el ministro había estado en La Paz, adonde se hizo acompañar no sólo por su hombre en la Secretaría de Energía, el subsecretario Cristian Folgar; también viajó el periodista Martín Granovsky, presidente de «Télam», a quien se invitó por su trato amistoso con el presidente boliviano. Creyeron haber acordado la compra de gas por, aproximadamente, u$s 3,70 el millón de BTU. Nadie, sin embargo, avisó durante el fin de semana lo que se estaba por anunciar el lunes y que cambiaba mucho aquel contrato conjetural. Más aun, De Vido debió recurrir a las empresas privadas para tener acceso al decreto con el que «el Evo» cambió el régimen de la explotación y la comercialización de hidrocarburos.
Si De Vido estaba desconcertado, Kirchner se mostró furioso. Tampoco la Cancillería, que destacó en La Paz durante semanas enteras al subsecretario de Política Latinoamericana Leonardo Franco, pudo anticiparle lo que se engendraba en Bolivia. El Presidente tiene pocos argumentos para quejarse: también a las empresas privadas la reivindicación boliviana las encontró a ciegas, a pesar de que ejecutivos de dos de ellas visitaron a los funcionarios de Energía de Morales y los indagaron, hasta la noche del sábado, sobre la posibilidad de que se decidiera lo que se decidió. El gobierno de Bolivia también les mantuvo los ojos vendados.
El encuentro de Puerto Iguazú viene a demostrar a las claras el fracaso de la cumbre de San Pablo del miércoles pasado. La prueba es la invitación a Hugo Chávez para esta nueva reunión. En la realizada en Brasil, tanto Lula como Kirchner confiaron en que el imprevisible bolivariano sería un factor de orden en las relaciones regionales, en especial con Bolivia. Dicen que el presidente de Venezuela se comprometió a gestionar ante Morales un acuerdo energético razonable. Lo hablarían en Cuba el sábado, donde se encontrarían a celebrar un aniversario del acceso de Fidel Castro al poder. El diputado kirchnerista Miguel Bonasso se mezcló con ellos en abrazos efusivos.
Ayer Kirchner, y sobre todo Lula, se mostraron mutuamente convencidos de que, frente al padre de la revolución latinoamericana, Chávez cambió de ideas. En vez de moderar, impulsó al cocalero boliviano. Ahora los presidentes de la Argentina y Brasil tienen una sensación todavía más negativa. Sospechan que Morales sólo pudo lanzarse a la nacionalización de los recursos y a reclamar semejante grado de participación estatal en el negocio con un auxilio técnico de PDVSA, la empresa venezolana de energía. Desde ayer circuló en el sector de los hidrocarburos la versión, bastante razonable, de que el programa lanzado por Morales y su aguerrido vicepresidente Alvaro García Linera supone la captura de muchos ingenieros empleados ahora por las empresas privadas que explotan gas y petróleo en Bolivia. Pero esa explicaciónes insuficiente para las todavía no escarmentadas oficinas de Energía de los dos gobiernos. Ahora creen que, detrás del nacionalismo boliviano opera la codicia del «emirato» bolivariano. En otras palabras, que Chávez está pensando en quedarse con el negocio de Repsol o Petrobras, por citar las dos compañías con más expansión en el altiplano.
Vista desde el punto de vista político, esta hipótesis es humillante para Kirchner y Lula, quienes se habían prometido estabilizar la región con la incorporación de Venezuela al Mercosur. Consiguieron lo contrario: inyectarle a ese problemático proyecto de integración una dosis insoportable de desequilibrio. Lo que, dicho con la metáfora hispanizante de la prensa brasileña, se sintetiza con el clásico «cría cuervos...».
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