Residentes de San Pablo observan el incendio provocado
por un ataque del Primer Comando de la Capital a un
colectivo urbano. Ayer a la madrugada seis personas
murieron y cinco resultaron heridas.
San Pablo (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - Una ola de 48 ataques contra objetivos civiles y policiales perpetrados por el crimen organizado, dejó ayer seis muertos y cinco detenidos, y sembró el terror en San Pablo a dos meses de una ofensiva delictiva que en mayo se cobró la vida de 170 personas.
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Entre las víctimas, en varios puntos del estado más poblado de Brasil, se cuentan un policía y tres vigiladores privados, dijeron fuentes oficiales.
El secretario de Seguridad del Estado, Saulo Abreu, opinó que la fuerza del crimen organizado disminuyó por la acción policial, porque «da la sensación de que esta ofensiva quiso causar conmoción, pero no provocar una matanza», como la serie de atentados del 12 al 19 de mayo. Los ataques fueron adjudicados a la organización criminal que dirige acciones desde los penales, el Primer Comando de la Capital (PCC).
Los 48 ataques alcanzaron a 53 objetivos: locales policiales, edificios públicos, colectivos, supermercados, bancos, comercios, concesionarias de automóviles y domicilios particulares y agencias de bancos, informó el jefe policial, coronel Eclair Borges. Al menos 16 ómnibus fueron incendiados.
En varios de los locales atacados a balazos, con bombas caseras o cócteles molotov, aparecieron papeles manuscritos en los que se atribuía la ofensiva a «la opresión carcelaria».
El PCC, según Abreu, ordenó los atentados en reacción a la difusión de una falsa lista de 40 jefes mafiosos presos que serían trasladados a una cárcel federal. La nómina «es falsa, mentirosa, esa lista no existe», subrayó el funcionario en conferencia de prensa. Asimismo, precisó que la información fue recabada a través de escuchas telefónicas «donde aparecieron conversaciones sobre ese tema».
Por su parte, el secretario de Administración Penitenciaria, Antonio Ferreira Pinto, admitió la reserva de 40 lugares en una futura cárcel federal de alta seguridad, pero aseguró que la lista debe ser confeccionada en conjunto por el gobierno.
La nómina de posibles traslados «no tendrá secretos» porque -en un largo proceso de decisión- «deberá ser sometida al juez y a los defensores de los presos, que tendrán derecho a contestarla», añadió Ferreira.
Abreu aceptó que otra causa de la nueva ofensiva del PCC «podría ser la situación de la cárcel de Araraquara», en el interior del Estado, donde más de 1.400 reclusos permanecen recluidos al aire libre, después de haber destruido el presidio hace varias semanas.
La policía «tenía información de que podían ocurrir estos ataques, y algunos fueron abortados», agregó. «Una vez que entramos en guerra, la única salida es vencer, y que vamos a vencer esta guerra de eso no hay dudas», enfatizó Abreu.
