El Gobierno de Donald Trump anunció la congelación de u$s26.000 millones en fondos federales destinados a estados gobernados por demócratas, en plena paralización parcial del gobierno. La decisión afecta proyectos de transporte en Nueva York y de energía verde en 16 estados, entre ellos California e Illinois, y marca una ofensiva política en medio del "shutdown" más reciente.
1 de octubre 2025 - 19:21
EEUU: Donald Trump congeló u$s26.000 millones para estados demócratas en medio del cierre de gobierno
El presidente estadounidense cumplió su amenaza y paralizó fondos destinados a proyectos de transporte y energía verde en bastiones opositores.
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Donald Trump congeló u$s26.000 millones destinados a estados gobernados por demóctras.
De los fondos congelados, u$s18.000 millones estaban destinados a proyectos de tránsito en Nueva York, mientras que otros u$s8.000 millones se dirigían a iniciativas de energía verde. La maniobra busca reforzar el control de Trump sobre el presupuesto federal de u$s7 billones, históricamente dominio del Congreso según la Constitución estadounidense.
El cierre del gobierno, el 15º desde 1981, ya suspendió la investigación científica, la supervisión financiera y la limpieza ambiental, además de afectar múltiples servicios básicos. En paralelo, 750.000 trabajadores federales recibieron la orden de quedarse en casa sin sueldo, mientras que tropas y agentes fronterizos deben seguir en funciones sin cobrar.
El vicepresidente J.D. Vance advirtió que, de extenderse la parálisis, podrían aplicarse despidos permanentes, sumando nuevos afectados a los 300.000 cesanteados en diciembre. La Oficina de Patentes y Marcas confirmó que despedirá al 1% de sus 14.000 empleados, según una carta interna.
Desde la oposición, los líderes demócratas cargaron contra la Casa Blanca. Hakeem Jeffries, referente en la Cámara de Representantes, sostuvo que la congelación de fondos para Nueva York dejará a miles de trabajadores sin empleo. Por su parte, Chuck Schumer, jefe demócrata del Senado, acusó a Trump de usar “al pueblo estadounidense como peones”.
El conflicto escaló después de que el Senado rechazara un proyecto para mantener financiado al gobierno hasta el 21 de noviembre. Los demócratas objetaron la negativa republicana a incluir una prórroga en las prestaciones sanitarias que vencen este año. Los republicanos, en tanto, alegan que el tema debe discutirse en un debate separado.
La medida se da en un contexto de fuertes presiones sobre el presupuesto: la propuesta en debate representaba u$s1,7 billones, apenas una cuarta parte del gasto anual, ya que el resto se destina a programas de salud, jubilaciones y el pago de intereses de la deuda pública, que asciende a u$s37,5 billones.
El impacto social y económico del cierre del Gobierno de EEUU
La Oficina de Administración y Presupuesto, dirigida por Russ Vought, ordenó a todas las agencias ejecutar planes para aplicar licencias sin goce de sueldo y eventuales despidos masivos. Según la Casa Blanca, la medida se enmarca en la política de Trump de reducir el tamaño del Estado.
El mandatario ya impulsaba una reforma para expulsar a 300.000 empleados federales antes de diciembre y amenazó con que el cierre sirva como plataforma para avanzar en acciones “irreversibles”.
Los efectos del shutdown no se limitan al terreno político. Los recortes alcanzan prestaciones sociales, contratos laborales y servicios públicos. En paralelo, la agenda de deportaciones impulsada por Trump seguirá adelante, mientras áreas como educación, medio ambiente y programas comunitarios quedarán debilitados.
Expertos alertan que las consecuencias económicas pueden sentirse en todo el país. Rachel Snyderman, exfuncionaria de presupuesto de la Casa Blanca, advirtió: “En qué gasta el Gobierno el dinero es una demostración de las prioridades de nuestro país (…) Los cierres solo generan costos económicos, miedo y confusión en todo el país”.
Aunque los mercados financieros suelen reaccionar con indiferencia ante cierres anteriores, un análisis de Goldman Sachs señaló que este episodio podría diferir debido a la falta de negociaciones entre el Congreso y la administración republicana.
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