Empresas de Uruguay temen por ley gremial

Tabaré Vázquez

Montevideo (ANSA) - El gobierno uruguayo manifestó ayer su «optimismo» sobre la posibilidad de aprobar una ley de libertad sindical, horas después de haber mantenido una reunión con las cámaras empresariales y pese al retiro del sector asalariado de las negociaciones. Los empresarios se manifestaron preocupados por varios aspectos de la norma.

El subsecretario del Ministerio de Trabajo, Jorge Bruni, dijo que con las patronales «no se llegó a una ruptura ni mucho menos». «Estamos tratando de recomponer el ámbito de negociación», añadió.

El gobierno de Tabaré Vázquez intenta tranquilizar dos frentes de conflicto abiertos por su política laboral: el rechazo de empresarios al proyecto de ley de libertad sindical y el retiro de las negociaciones de la central sindical PIT-CNT.

La organización gremial se muestra descontenta por la posibilidad de que se introduzcan modificaciones a la norma ya aprobada por los diputados.

El integrante de la Mesa Ejecutiva del PIT-CNT, Juan Castillo, dijo que la central no concurrirá «al ámbito generado por el gobierno, porque no están dadas las condiciones».

Castillo denunció que «el sector empresarial no cumplió el Decreto 302 del gobierno, que estableció un marco general de discusión que incluye que no habrá despidos mientras se llevan adelante las negociaciones».

• Mesa de análisis

En agosto se conformó la mesa cuatripartita, integrada por empresarios, trabajadores, legisladores y representantes del gobierno del Frente Amplio, para analizar el rechazo de las cámaras empresarias a la ley de libertad sindical.

El proyecto sancionado por la Cámara de Diputados el pasado 20 de julio, y que aún precisa la aprobación del Senado, otorga fueros a los dirigentes sindicales, que hasta ahora no estaban amparados por la ley.

La norma establece claramente que no se puede dejar cesantes a empleados que estén en proceso de formación de un sindicato ni por otros motivos de persecución sindical.

Crea un registro de infractores de la libertad sindical y obliga a los empresarios a reincorporar a los empleados despedidos cuando se pruebe que fueron perseguidos por su actividad gremial.

• Votación

El nuevo proyecto de ley expresa que no es válida cualquier discriminación « tendiente a menoscabar la libertad sindical de trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo».

Los diputados del oficialista EP-FA lo votaron en la Cámara baja, pero en algunos de sus artículos tuvo la oposición del Partido Blanco.

Cuando el oficialismo detuvo la discusión del proyecto en el Senado, Castillo advirtió que «sin ninguna duda» la postergación del debate se debió a la presión de los empresarios.

Voceros de las cámaras empresarias, por su parte, manifestaron su «preocupación» ante la posibilidad de que si no hay acuerdo en la mesa cuatripartita el Senado vote el proyecto tal como lo aprobaron los diputados. Bruni aclaró ayer que entre los «cuestionamientos» de las cámaras empresarias «se cuenta el de la universalidad de la ley».

Los empresarios quieren que los fueros sean otorgados solamente a los dirigentes gremiales y no a todos los trabajadores sindicalizados.