Escándalo con detalles explosivos

Washingtnon -. «Feliz como una almeja » (happy as a clam) es la versiónabreviada de «feliz como una almeja con la marea alta», una expresión estadounidense que alude al momento en el que se supone que esos moluscos saben que nadie va a aparecer para arrancarlos de su roca y meterlos en una cazuela.

Y así, feliz como una almeja es como se sintió el equipo del senador Pete Domenici cuando David Iglesias, uno de los fiscales con una trayectoria más prometedora en todo EE.UU., fue destituido en diciembre pasado. El motivo de su cese: la negativa de Iglesias -que es republicano, como Domenici y George W. Bush-a presentar cargos contra un ex senador demócrata por presunto fraude electoral en Nuevo México. Así que Iglesias fue despedido, al igual que otros siete colegas suyos. Los republicanos celebraron la purga: el jocoso comentario de la almeja procede de un documento interno del Departamento de Justicia tras el cese del fiscal.

Pero en estos casos, la alegría dura poco cuando la oposición demócrata controla el Congreso. El Comité de

Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes va a investigar estos ceses y el miércoles anunció que llamará a declarar bajo juramento a, entre otros, Karl Rove, el máximo asesor en política interna de Bush, y a Harriet Miers, la principal asesora legal del presidente, a la que éste trató sin éxito de nombrar jueza de la Corte Suprema.

Declaración de guerra

La decisión es una declaración de guerra a la Casa Blanca y sitúa el escándalo a un nivel similar al del caso Lewinsky o incluso el Watergate.

Porque Bush había afirmado que no iba a permitir que sus colaboradores hablen bajo juramento ante el Congreso por este caso. Eso implica que los tribunales deberán decidir si hay razones para que Rove y Miers declaren.

Si nos atenemos a los precedentes, el que la Casa Blanca invoque el «privilegio ejecutivo» para evitar una declaración ante el Congreso o ante un gran jurado equivale a una confesión de culpabilidad. Bill Clinton siguió esa estrategia para tratar de evitar que dos de sus colaboradores prestaran declaración por el caso Lewinsky. También lo hizo Richard Nixon, que llegó a la Corte en un desesperado intento para evitar que las cintas en las que gravaba las conversaciones en la Casa Blanca fueran entregadas al Congreso. En ambos casos, los presidentes perdieron.

Ahora, todo indica que EE.UU. va hacia un enfrentamiento similar.

Entretanto, a quien el escándalo ya ha convertido en un cadáver político ambulante es a Alberto Gonzales, el fiscal general, un cargo equivalente al de secretario de Justicia. Gonzales, que es uno de los más cercanos asesores de Bush y el padre ideológico de la cárcel en la base cubana de Guantánamo, tiene la responsabilidad política del escándalo y muchos, incluyendo los propios republicanos, creen que su dimisión es sólo cuestión de tiempo.