Madrid (AFP, La Vanguardia) - Miles de inmigrantes indocumentados buscarán desde hoy normalizar su situación con la apertura del proceso extraordinario de regularización de extranjeros que abrió el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La regularización, criticada por el opositor Partido Popular, permitiría a cerca de 500.000 inmigrantes normalizar su situación, entre ellos, unos 60.000 argentinos, según diferentes estimaciones.
La posibilidad de regularización alcanza a todos los inmigrantes que tengan contrato de trabajo y que hayan entrado en España antes de agosto de 2004. En un comienzo, el gobierno había estimado que los indocumentados en España podrían ser 800.000, aunque luego se corrigió esa cifra a la baja. Además, hay 1,8 millón de extranjeros que trabaja en condiciones legales en el país, de los que cerca de 70.000 son argentinos.
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Para poder obtener su permisode residencia y trabajo en el marco de este proceso -que estará abierto del 7 de febrero al 7 de mayo-, los interesados deberán presentar un certificado de empadronamiento en un municipio español con fecha previa al 8 de agosto de 2004, constancia de antecedentes penales de su país de origen y un contrato de trabajo de al menos seis meses. El empadronamiento consiste en la inscripción en el municipio de residencia independientemente de la condición de legalidad de la estadía. Si bien muchos extranjeros sin documentos no se inscriben por razones obvias, y a su vez muchos de los inscriptos pudieron haber dejado el país, la cantidad de empadronados da una pauta de la proporción que representan las diferentes comunidades extranjeras. El diario «El País» informó que los argentinos, con 20.639, son la séptima comunidad extranjera en la capital española, por detrás de ecuatorianos (175.515), colombianos (71.693), marroquíes (61.108), rumanos (55.208), peruanos (36.782) y dominicanos (22.534).
La asociación Argentinos en el Exterior se quejó de las trabas burocráticas de las representaciones nacionales para obtener el certificado de antecedentes penales, especialmente en las comunidades de Canarias, Baleares, Murcia y Valencia. En tanto, el gobierno español pidió a Ecuador un control más estricto para la entrega de certificados, luego de que se comprobara que ecuatorianos con prontuarios aberrantes obtuvieron el correspondiente comprobante de buena conducta.
Las solicitudes de regularización sólo podrán ser presentadas por los empleadores en 160 oficinas de la Seguridad Social y, posteriormente, serán enviadas a 52 oficinas de migraciones. Los empleadores se arriesgarán a multas de hasta u$s 78.000 si no regularizan a sus trabajadores inmigrantes durante este período especial fijado en la Ley de Extranjería.
El objetivo esencial de la propuesta es «acabar con el empleo ilegal, hacer emerger la economía sumergida y acabar con los gastos sociales que genera el trabajo irregular», había concluido Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración, al presentar el proceso el pasado 27 de enero.
En cambio, el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, alertó sobre el hipotético «efecto llamado» de inmigrantes que podría ocasionar la medida. Según Rajoy, el proceso de regularización podría tentar a ciudadanos de otros países a emigrar hacia España.
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