28 de junio 2007 - 00:00

FARC anuncian muerte de 11 ex diputados rehenes en Colombia

La guerrilla colombiana de las FARC anunció la muerte de 11 de los 12 ex diputados provinciales que mantenía secuestrados desde abril de 2002 durante un ataque de un "grupo militar" al campamento donde estaban retenidos, que fue negado por las Fuerzas Armadas.

Los políticos formaban parte de un grupo de 56 rehenes a quienes las FARC exigen canjear por guerrilleros presos. Entre los cautivos se encuentran además tres estadounidenses, la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt, otros políticos, militares y policías.

Los ex legisladores murieron el 18 de junio, mientras que el diputado Sigifredo López sobrevivió pues "no estaba en ese instante", según un comunicado publicado en la página de internet del grupo.

"Murieron en medio del fuego cruzado, cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento atacó el campamento donde se encontraban", señaló el texto.

Los rebeldes responsabilizaron al presidente Alvaro Uribe de las muertes, indicando que su "demencial intransigencia para llegar" al canje y "su estrategia de rescate militar por encima de toda consideración conlleva a tragedias como esta".

"A los familiares de los diputados fallecidos les manifestamos nuestro profundo pesar por la tragedia. Haremos lo que esté a nuestro alcance para que puedan recoger los despojos mortales lo más pronto posible", añadió el comunicado.

Las FARC aseguraron que en el área de los hechos -que no precisaron- "se desarrollan desde hace varias semanas amplias operaciones conjuntas de militares y paramilitares (de ultraderecha), lo que ha generado innumerables combates y creciente presencia de fuerzas oficiales".

También sostienen que las tropas "reciben apoyo de mercenarios extranjeros".Pero el gobierno y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, negaron que se hubiera ordenado un rescate, explicando que "no se ha tenido conocimiento alguno sobre la exacta ubicación del lugar de cautiverio" de los políticos.

El ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, no descartó que las muertes sean producto de un choque entre guerrilleros y paramilitares.

El 18 de mayo Uribe ordenó rescatar a los secuestrados, dos días después de conocerse la fuga de un policía cautivo durante casi nueve años. "Señores generales, vamos a rescatar a Ingrid Betancourt", dijo en un encendido discurso.

En París, el ministerio francés de Relaciones Exteriores subrayó que "el uso de la fuerza para liberar a los rehenes debe estar absolutamente prohibido", y anunció que verificará la información.

Yolanda Pulecio y Astrid Betancourt, madre y hermana de la rehén colombo-francesa, pidieron a los gobiernos de España, Francia y Suiza que intervengan para impedir nuevas "operaciones militares de rescate que pongan en peligro la vida de los secuestrados".

Los familiares de los cautivos se expresaron consternados y culparon a Uribe y al mando central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Responsabilizamos al Secretariado de las FARC y al gobierno de estos hechos porque por su intransigencia, su radicalización y el odio acabaron nuestros sueños", dijo Fabiola Perdomo, esposa del ex diputado Juan Carlos Narváez y portavoz de las familias.

Los legisladores fueron secuestrados el 11 de abril de 2002 por un comando que irrumpió en la sede de la Asamblea del departamento de Valle, en la ciudad de Cali (suroeste), haciéndose pasar por militares.

En mayo de 2003 en una fallida operación de rescate murieron ocho militares, el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverry y el ex gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, mientras que el capitán de la policía Julián Ernesto Guevara falleció en enero de 2006 en cautiverio por una enfermedad.
Esos rehenes hacían parte del grupo de canjeables.

Ante la hipótesis del presunto rescate de los cautivos por parte del Gobierno, este negó haber ordenado una operación para rescatar a los diputados secuestrados en una zona selvática del suroeste del país. 

"No había información de dónde estaban los diputados secuestrados, hace mucho tiempo que no se sabía esa información, no había ninguna orden de ninguna operación de rescate", dijo el ministro del Interior, Carlos Holguín.

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) colombianas convocaron a una concentración ciudadana al mediodía en la Plaza de Bolívar de Bogotá y en las plazas de todo el país, en solidaridad con los once diputados secuestrados y asesinados por la guerrilla de las FARC.

Las manifestaciones exigirán también el intercambio humanitario de los secuestrados que todavía tienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por centenares de guerrilleros presos.

El llamamiento fue formulado en sendos comunicados por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz).

Ambas ONGs concentran organizaciones de todo el país que propugnan por una salida negociada al conflicto armado interno.

La primera de esas ONG "exige al secretariado (mando) de las FARC "un pronunciamiento inmediato ante la opinión que contribuya a esclarecer esta grave situación (de los diputados muertos)".

La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz también exige a esa guerrilla "la liberación inmediata de los secuestrados que hayan muerto en cautiverio (...) y al gobierno el cese de las operaciones militares orientadas al rescate de los secuestrados y el esclarecimiento de sus responsabilidades".

"Redepaz", por su parte, "invita a todos los colombianos para que unidos rechacemos este hecho y presionemos al gobierno y a las FARC a que negocien de inmediato el acuerdo humanitario, que es un clamor de todos".

Añade que "hoy todos los colombianos y colombianas, en las principales plazas de cada ciudad, de cada municipio se unan y pidan pacíficamente por el acuerdo humanitario".

Por ese acuerdo las FARC liberarían a los políticos, militares, policías y soldados, así como a tres estadounidenses, que considera "prisioneros de guerra" por unos 500 de sus rebeldes presos.

Para ello, esa guerrilla pide la desmilitarización de unos 780 kilómetros cuadrados de los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, a lo que se opone el presidente colombiano, Álvaro Uribe, pese a la presión nacional e internacional.

Por otra parte, la colombiana Yolanda Pinto, viuda del gobernador Guillermo Gaviria, asesinado en 2003 por las FARC en un intento de rescate militar, exhortó hoy al Ejecutivo y a esa guerrilla a que faciliten el retorno de los secuestrados.

La mujer consideró que es prioritario "acogernos a una solución que está plasmada desde hace muchas décadas en el Derecho Internacional Humanitario para sacar a esas víctimas inocentes del conflicto, de las consecuencias del conflicto".

"Les pido a las FARC que los liberen, que ellos se los llevaron, y al gobierno que nos ayude a traerlos vivos al lado de sus seres queridos", clamó Pinto.

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