30 de noviembre 2016 - 23:33

Fiscales del Petrolao en Brasil amenazan con renunciar por proyecto del Congreso

El fiscal general de la república Rodrigo Janot es uno de los críticos del proyecto.
El fiscal general de la república Rodrigo Janot es uno de los críticos del proyecto.
El Congreso y el Poder Judicial de Brasil quedaron enfrentados abiertamente hoy con un nuevo paquetes de medidas anti-corrupción aprobadas esta madrugada por la Cámara de Diputados, que incluyen sanciones al abuso de poder de jueces y fiscales, algo que provocó la reacción contundente de los investigadores de la Operación Lava Jato, que amenazaron con renunciar si el presidente Michel Temer promulga la norma.

"Vamos a renunciar en forma colectiva a la Operación Lava Jato en caso de que la propuesta sea promulgada por el presidente", advirtió en conferencia de prensa Carlos Fernando Lima, fiscal de la República en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná.

En un nuevo costado de la crisis política y económica brasileña, el estallido del conflicto tuvo que ver con la "rebeldía" de la Cámara Baja, que decidió modificar esta madrugada un proyecto anti-corrupción presentado por los populares fiscales de la Operación Lava Jato, que prácticamente quedaron ignorados por los parlamentarios, tanto oficialistas como opositores.

El punto de discordia, sin dudas, fue el que incluyeron los diputados para aumentar las penas de 6 meses a 2 años de prisión por abuso de autoridad a jueces y fiscales que revelen detalles de investigaciones sin terminar y sin sentencia o demuestren predilección político partidaria.

La crítica de la clase política son las filtraciones de investigaciones en curso a la prensa por parte de los fiscales y del juez Sergio Moro, que en muchos casos, como el del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fueron denunciados por persecución y abuso de autoridad ante la ONU.

El fiscal Deltan Dallagnol, jefe del equipo del Ministerio Público en la Operación Lava Jato, sostuvo que "la Cámara Baja ha iniciado el fin de la Operación Lava Jato, la sociedad no puede considerar normal lo que es anormal".

A esto muchos analistas lo consideran una flecha lanzada hacia el corazón de la Operación Lava Jato, a cargo del juez Sergio Moro y el equipo de la fiscalía que mantienen hace dos años la investigación sobre los negocios de la financiación de la política, empresas y contratos de obra pública.

Por 451 votos contra 1 tuvo media sanción el proyecto que fue repudiado por la presidenta de la suprema corte de Brasil, Carmen Lúcia, quien en un comunicado afirmó que el texto de la ley "puede afectar la independencia del Poder Judicial".

"Pueden intentar callar a un juez pero nunca se logró ni se logrará callar a la justicia", subrayó la jefa del Supremo Tribunal Federal (STF), respaldando a los fiscales.

El fiscal Dallagnol es la mayor figura mediática del equipo del Ministerio Público de la Operación Lava Jato, famoso también por sus sermones en las iglesias evangélicas a las que acude como devoto y en las cuales sostiene que los cambios en Brasil se deben a una obra divina.

Incluso, se ganó el odio y el aplauso porque acusó, usando un power point y alquilando un salón de un hotel en Curitiba, estado de Paraná, al expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva de ser el "comandante máximo" de la corrupción en Petrobras.

El fiscal encabezó, junto con partidos políticos que en su momento se oponían al gobierno de Dilma Rousseff, destituida en agosto, la recolección de 2,3 millones de firmas para presentar 10 medidas contra la corrupción, entre ellas fomentar en el Código Penal un ambiente para premiar y proteger a los delatores.

Sin embargo, las 10 medidas no incluían las advertencias por abuso de poder contra fiscales y jueces, algo incluido por los políticos, que denunciaron truculencia en la filtración de datos de las investigaciones a la prensa por parte de la Operación Lava Jato para intentar alinear a la opinión pública en torno a los procesos judiciales.

El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, respaldó a los investigadores: "Lo que se votó es poner a Brasil en marcha atrás. Lo que se aprobó busca debilitar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Es un punto de tensión institucional y de inflexión".

Los diputados, luego de una polémica en la que intervino como mediador el presidente Michel Temer, no votaron una amnistía para los delitos cometidos de recaudación ilegal de campaña, algo que generó indignación pero que ahora sí será sancionado como un crimen penal en el código.

El proyecto necesita ahora pasar por el Senado para convertirse en ley.

El desafío lanzado por los diputados a los jueces y fiscales incluye una pena de prisión de 2 años de cárcel y multa a los miembros del Poder Judicial que expresen por cualquier medio de comunicación opinión sobre un proceso pendiente de juicio, o consideraciones sobre asuntos que estén fuera del expediente.

"Estamos dando la sensación de que queremos perseguir a los investigadores", dijo Carlos Sampaio, del oficialista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que liberó a su bloque para votar el punto sobre el abuso de autoridad de jueces y fiscales.

El texto sobre las sanciones a jueces y fiscales que tengan color político o preferencia partidaria fue añadido por el Partido Democrático Laborista (PDT) y aprobada por 313 votos contra 132.

Desde el Partido de los Trabajadores, hubo críticas a la movilización de la fiscalía para presentar 10 modificaciones al Código Penal que chocaban con la Constitución, según el abogado Paulo Texeixra, diputado de la comisión que estudió la decena de medidas contra la corrupción.

"Los fiscales hicieron algo inusitado, usaron toda su estructura para juntar firmas en todo el país a favor de medidas que aumentan el poder de la acusación y nosotros queremos equilibrio entre acusación y defensa. Ellos partieron de la premisa de que en Brasil no se combate la corrupción y no es así, aquí se detiene a muchas personas, somos la cuarta población carcelaria mundial", dijo Teixeira.

La aprobación de este paquete de medidas es un golpe a la incursión en la negociación política por parte de los fiscales de la Operación Lava Jato, que investiga una red de financiación ilegal de la política hecha por empresas constructoras que ganaron a lo largo de de los años contratos y licitaciones supuestamente sobrefacturadas.

El titular del Senado, Renán Calheiros, calificó de "defendibles en el fascismo" el paquete de medidas porque a su entender afectaba las libertades constitucionales a favor del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Ahora, dijo que no tendrá prisa en tratar el proyecto que viene de Diputados: "El paquete de medidas estaba condenado a recibir el tratamiento que recibió, es difícil conjugar Estado Democrático de Derecho con aquellas medidas".

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