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Para colmo, en las marchas organizadas en Francia, Uribe es tratado de «fascista» y caricaturizado como Hitler, mientras que los familiares de la ex senadora no se cansan de repetir que el presidente colombiano «es un duro que no tiene corazón». Cualquier desinformado podría llegar a pensar que a Ingrid la secuestró el gobierno colombiano y no las FARC.
«La vida aquí no es vida, es un desperdicio lúgubre de tiempo», escribió ella desde su cautiverio. Una carta desgarradora que corporiza el drama de los «desaparecidos» por las FARC, unos cuatrocientos en total, sepultados en vida en la selva colombiana. Una carta que es la primera prueba de que la franco colombiana sigue con vida tras cuatro años y medio de silencio total.
Y esto es lo más chocante del caso: el empecinamiento de las FARC en retener por años a estos rehenes, las duras condiciones de su secuestro, el constante peligro de muerte y la crueldad de no informar a los familiares sobre su suerte deberían haber elevado hace tiempo un clamor mundial para que esta guerrilla deponga las armas y cese de desafiar la autoridad del gobierno constitucional de Colombia. Lejos de esto, Uribe ha tenido que pedir a los gobiernos de Francia, España y Suiza que dejen de «poner en un pie de igualdad a un Estado respetable y democrático con los criminales». Son países que no tolerarían el menor desafío a su derecho a hacer valer la ley en su territorio, pero asisten impávidos a este desafío a la integridad geopolítica de Colombia.
Hugo Chávez es el paradigma de una injustificada mirada benévola hacia una guerrilla cuya supervivencia en un continente donde los conflictos de tiempos de la guerra fría se han ido apagando uno a uno, está más ligada al acceso a una fuente inagotable de financiamiento -el narcotráfico- que a la vigencia de las causas de su surgimiento. En su remoto origen, en 1964, las FARC pueden haber interpretado los anhelos de campesinos postergados. Hoy, constituyen un grupo sin objetivos políticos claros, excepto el de mantener a toda costa su control sobre parte del país. El principal blanco de esta guerrilla « antiimperialista» son -además de policías y soldados- los legisladores y funcionarios de una república democrática; ya que Colombia lo es, aunque algunos parezcan ignorarlo. En las últimas elecciones regionales fueron asesinados 30 candidatos en zonas rurales, la mayoría por las FARC, que buscaban interrumpir «un falso proceso democrático».
Y cuando Uribe liberó recientemente a uno de los más notorios líderes guerrilleros, Rodrigo Granda, para habilitarlo como interlocutor en el canje, la respuesta de las FARC no se hizo esperar: once diputados provinciales «retenidos» desde abril de 2002 fueron asesinados. Con cinismo, la organización dijo que murieron por el fuego cruzado en un intento de rescate, pero la autopsia reveló «una sola dirección en los disparos» y que las víctimas «se encontraban agachadas o de rodillas».
Este nuevo gesto de crueldad muestra que eternizar el conflicto le es más funcional a las FARC para mantener el poder que actualmente tienen pues la paz implicaría el desarme. Por eso todas las condiciones que fijan al canje no son más que excusas para trabar el proceso.
Las FARC han solicitado reiteradamente que la comunidad internacional les reconozca el estatus de «fuerza beligerante» -en obvio detrimento de la soberanía colombiana. Hugo Chávez había amenazado varias veces con asumir una «posición neutral» entre el gobierno y la guerrilla. Por ello, Álvaro Uribe señaló: «No podemos permitir que el acuerdo humanitario sea una oportunidad para que la guerrilla terrorista se posicione políticamente».
Poco antes de este freno que el primer mandatario colombiano le puso a Chávez, el rey español Juan Carlos lo había mandado a callar. Ambos gestos descolocaron al bolivariano, acostumbrado hasta entonces al silencio interesado de algunos de sus pares.
Al tiempo que ponía fin a la mediación venezolana, Uribe informaba que se había comunicado con el presidente francés, Nicolas Sarkozy. «Le he ofrecido toda nuestra voluntad» para «explorar nuevas vías; ya se está trabajando en ese camino». Francia puede pues rehabilitarse, haciendo olvidar algunos excesos cometidos en su reclamo por Betancourt.
Lo mismo cabe decir de los demás países latinoamericanos que hasta ahora han mostrado una indiferencia notable hacia esta situación. Quienes critican la injerencia extranjera en Colombia deberían tomar nota de que la narcoguerrilla es uno de los argumentos de ese intervencionismo.
Finalmente: ¿qué valor tiene la condena al terrorismo desde un atril de Naciones Unidas o los alegatos en favor de la integración regional si el drama colombiano es vivido como ajeno?



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