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Debido a que el centro de estancia temporal de inmigrantes está saturado, ya que tiene capacidad para 480 personas y acoge actualmente a unas 800, las autoridades instalaron en los últimos días tiendas de campaña en sus exteriores para albergarlos.
Paralelamente, las autoridades realizan trabajos para elevar la valla de separación hasta los seis metros de altura en todo el perímetro fronterizo, operación que estará finalizada dentro de dos meses y hará más difícil el acceso a la ciudad.
Por ello, los inmigrantes aprovechan ahora la oportunidad en aquellas zonas en las que la altura es todavía de tres metros.
En las próximas horas se prevé la llegada a Melilla de varias Unidades de los Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil, que se incorporarán como refuerzo de vigilancia.
En 2005, según los datos oficiales, más de 11.000 inmigrantes, la mayoría subsaharianos, han intentado cruzar esta frontera.
Aunque el goteo de entradas ilegales es constante, la situación se agravó el pasado mes de agosto cuando cerca de 300 inmigrantes intentaron saltar la valla y falleció un joven camerunés, en unas circunstancias que aún están siendo investigadas.
Fuentes gubernamentales españolas aseguraron que la situación no es nueva y que incluso los intentos de entrada por la valla han descendido en los últimos meses, hasta el punto de que en Melilla se ha pasado de unas 55.000 tentativas anuales en 2003 y 2004 a las alrededor de 6.000 contabilizadas en el primer semestre de este año.
Desde hace años, por los 12 kilómetros de perímetro fronterizo se intentan "colar" a diario inmigrantes, que utilizan escaleras de madera construidas a mano o se agrupan para realizar entradas masivas que les ofrezcan una mayor probabilidad de éxito.
Las ONG que trabajan con los inmigrantes en la ciudad denunciaron en las últimas horas que la noticia del reforzamiento de la valla de seguridad ha provocado que los subsaharianos opten por cruzar la frontera a la desesperada con este tipo de acciones.
Amnistía Internacional (AI) denunció ayer que "la represión policial y de control es ineficaz" para controlar la situación.
La responsable de Relaciones Institucionales y Política Interior de AI, Virginia Alvarez, afirmó que las medidas policiales pueden dañar los derechos fundamentales de los inmigrantes que intentan alcanzar territorio español.
Alvarez señaló que si los inmigrantes irregulares son devueltos a su país de origen, las autoridades españolas deben asegurarse que estas personas no corren riesgo de sufrir torturas o maltratos, ya que en este caso podrían solicitar protección internacional.




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