Rio de Janeiro (AFP) - El aumento de la violencia en Brasil, especialmente el involucramiento cada vez más evidente de menores de edad en crímenes, desató una polémica sobre la pena de muerte y la reducción jurídica de la mayoría de edad, como medios para combatirla.
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La polémica saltó a primer plano en los últimos días, catapultada por el reciente asesinato de una joven pareja de novios (ella, de 16 años; y él, de 19), a manos de un joven de 16 años, quien declaró que había cometido el crimen porque «sintió ganas de matar». Un informe de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de Brasil, publicado el domingo, reveló que de los 345.000 infractores y criminales en el país, 17,4% corresponde a niños y adolescentes menores de 18 años que están en correccionales.
Por su parte, la Secretaría de Promoción de los Derechos del Niño y del Adolescente advirtió que 70% de los menores infractores se torna reincidente, y los que cometen crímenes más graves, como atracos a mano armada y homicidios, son internados por un período máximo de tres años. Actualmente, 60.000 adolescentes cumplen medidas socioeducativas en todo el país, mientras que 14.000 las cumplen en internados y los demás en un régimen de detención abierto.
Ante esta situación, surgieron voces en favor de que la imputabilidad penal, que actualmente comienza a regir a los 18 años, sea rebajada a 16 años, edad a la que los jóvenes quedarían sometidos a las mismas leyes que rigen para los adultos.
La propuesta de establecer la pena capital, en tanto, tomó voz propia el pasado sábado durante una multitudinaria manifestación en la ciudad de San Pablo, promovida por los padres de los dos jóvenes recientemente asesinados. En esa manifestación, el presidente de los rabinos de la Congregación Israelita del Estado de San Pablo, Henry Sobel, lanzó la propuesta. «Nunca me manifesté al respecto, pero voy a hacer eso ahora, decepcionando a mis amigos y compañeros de los derechos humanos, porque lo que está ocurriendo en Brasil es aterrador», afirmó Sobel.
Ante la polémica, el ministro de Justicia, Márcio Thomas Bastos señaló: «En los países en que se abolió la pena de muerte, la criminalidad no aumentó, y en los que la implantaron la criminalidad no disminuyó», y estimó que «en Brasil el crimen sólo será vencido y colocado en niveles tolerables cuando tengamos una policía integrada que aclare los crímenes, una Justicia que condene rápidamente y un sistema penitenciario que no sea una fábrica de reincidentes».
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