Italia aprobó "despido exprés" para funcionarios que falten al trabajo

El Ejecutivo italiano presentó un paquete de decretos para la reforma de la administración pública, entre los que se encuentra la norma que permitirá el despido rápido de funcionarios que cometan ausentismo injustificado.

El paquete ya fue aprobado y esta jornada el primer ministro italiano, Matteo Renzi, y las ministras de Educación, Stefania Giannini, y de Administración Pública, Marianna Madia, informaron de las novedades en una rueda de prensa.

La norma más controvertida y que ha encendido la polémica entre Gobierno y sindicatos en los últimos días es la de los llamados "despidos exprés" para los funcionarios que sean descubiertos mientras faltan al trabajo sin justificar su ausencia.

Se han citado los casos de empleados públicos que fichaban y después se iban a su casa o que mandaban fichar a otros colegas, unos casos descubiertos recientemente.

El nuevo decreto prevé la suspensión de empleo y sueldo en 48 horas y unos 30 días para cerrarse el procedimiento de despido, mientras que actualmente para expulsar a un funcionario se requerían hasta 120 días.

También se aplicarán duras sanciones e incluso el despido a aquellos dirigentes que no denuncien los casos de absentismo que se produzcan en sus sedes.

La ministra Madia anunció que está previsto que los funcionarios despedidos por absentismo paguen multas por "daño de imagen" a la administración pública con un mínimo de resarcimiento de seis meses de sueldo.

"La diferencia con el pasado es que despedir al funcionario que ficha y se marcha no es una posibilidad sino una obligación", señaló Renzi en la rueda de prensa de presentación de las normas.

El paquete de reformas contiene una reorganización de las participaciones públicas en varias empresas y el límite de un año para eliminar aquellas no consideradas necesarias, como las que facturen menos de un millón de euros anuales.

De un total de 8.000 sociedades públicas participadas, el Ejecutivo de Renzi prevé recortar su participación en unas 2.000 a 3.000 sociedades, así como también eliminar el número de consejeros de administración con la introducción de la figura del administrador único o liminar a cinco el número de los miembros del consejo.

Igualmente se fijarán nuevos máximos en las retribuciones para los dirigentes públicos, así como la prohibición de liquidaciones o premios en el caso de sociedades con números rojos.

Entre los 11 decretos aprobados se incluyen algunos puntos para la agilización de la burocracia como abrir cualquier actividad empresarial o renovar una casa.