Italia endurece sus políticas contra la inmigración ilegal

La cámara baja del Parlamento italiano aprobó una ley que convierte en delito la inmigración ilegal, una de las medidas más polémicas y más impulsadas por el gobierno de derecha del primer ministro Silvio Berlusconi.

Para asegurarse la aprobación de la norma, los partidos aliados de Berlusconi sometieron la ley a una moción de confianza -que fuerza a los legisladores a cerrar filas porque una derrota supone la caída del gobierno- y ganaron por 316 votos a 258.

La ley hace de la entrada o estadía en Italia sin autorización un delito castigable con una multa de entre 5.000 y 10.000 euros (6.840 y 13.670 dólares), y aunque no prevé cárcel para los ilegales, impone hasta tres años de prisión a quien alquile viviendas a los sin papeles.

La norma, que aún debe pasar por el Senado, recogió los principales puntos de un plan de seguridad aprobado el año pasado por el gobierno de Berlusconi, algunos de cuyos puntos, los considerados más urgentes, ya fueron puestos en vigor por decreto.

La gobernante coalición conservadora hizo de la lucha contra la inmigración ilegal una de sus principales banderas, alentada por encuestas en las que muchos italianos vinculan la inmigración con el delito y la inseguridad.

Más de 36.000 inmigrantes de África y otros lugares llegaron a Italia en barcos el año pasado, muchos de los cuales llegaron a tierra en la pequeña isla siciliana de Lampedusa. Cientos de botes de redes de contrabando de personas partieron sólo de Libia.

Italia ocupa el cuarto lugar de los países con más pedidos de asilo, después de Estados Unidos, Canadá y Francia, según la organización humanitaria Comité Italiano para los Refugiados.

La semana pasada, Italia comenzó a aplicar la política de rechazar a indocumentados antes de que entren en aguas italianas, para que no puedan ejercer el derecho a solicitar asilo político.

El organismo de la ONU para los refugiados (ACNUR), el Vaticano y organizaciones humanitarias manifestaron su indignación y acusaron al gobierno italiano de violar la ley internacional.

Berlusconi, quien se queja de que su país fue abandonado por la Unión Europea para enfrentar solo la inmigración ilegal, defendió ayer esta política y dijo que el ACNUR puede examinar los pedidos de asilo de los inmigrantes en Libia.

Berlusconi dijo que muchas de esas personas son reclutadas por delincuentes y que ninguna de ellas pide asilo.

Sin embrago, la afirmación del premier fue refutada hoy por el director del Comité Italiano para Refugiados, Christopher Hein, quien dijo que el 70% de los inmigrantes llegados a Italia el año pasado pidió asilo y un tercio lo obtuvo.

Hein dijo a Radio Vaticana que muchos africanos pagan a redes criminales para trasladarse a Europa como consecuencia de la política de libre circulación de la Unión Europea (UE).

"Este sistema funciona de manera que ningún ciudadano de un país tercero, sobre todo si es africano, loga entrar en territorio italiano o comunitario de modo regular, porque nadie les da el visado", dijo Hein.

Aunque Italia emite desde hace años órdenes de expulsión para inmigrantes ilegales, la nueva ley criminaliza la entrada o residencia ilegal en Italia y obliga a denunciarla.

La diputada Livia Turco, del opositor Partido Democrático, dijo que aunque Italia garantice la escolaridad para los hijos de los sin papeles, los docentes podrían sentirse compelidos a denunciar a sus padres.

El diputado de centro-derecha Rocco Buttiglione dijo antes de la votación que la ley instituirá la "esclavitud" en Italia al crear una clase de trabajadores sin ningún derecho, "en una condición de inferioridad material y moral".