La capital de Bolivia sitiada por protestas más violentas

Buscar un muerto para ahondar la crisis y provocar la caída del gobierno. Esa pareció ser ayer la consigna de la oposición de extrema izquierda de Bolivia, cuyas manifestaciones dieron un giro decididamente violento. Consciente de la debilidad de su gobierno, Carlos Mesa intenta no caer en el peligroso juego que se le plantea, aun a riesgo de, con ello, agravar la imagen de inmovilismo que entrega su administración. La situación política boliviana se ha deteriorado tanto que ya casi ni se habla de la Ley de Hidrocarburos, ese lastre para el desarrollo de ese país e, incluso, de la región. Es que, si la norma era una traba para las inversiones, el peligro de caos social y de colapso político las hace, por el momento, directamente impensables.

La Paz - La crítica situación que vive Bolivia dio paso ayer en esta ciudad a protestas marcadamente más violentas que las del día anterior. Al grito de «guerra civil», campesinos y mineros hicieron detonar dinamita, se enfrentaron con la policía y atacaron comercios. Todo ello, con liderazgos cada vez más difusos y radicalizados, que tornan más incierta la situación.

Según estimaciones del gobierno, fueron al menos 10.000 los manifestantes, que en su mayoría bajaron desde la localidad de El Alto. Voceros de las organizaciones que participan de los reclamos por la nacionalización de hidrocarburos indicaron anoche que los enfrentamientos dejaron seis heridos, en tanto que al menos un policía también debió ser atendido.

El gobierno de Carlos Mesa ordenó bloquear los accesos a la céntrica plaza Murillo, a cuyos lados se encuentran el Palacio Quemado (presidencia) y el edificio del Congreso, al que los manifestantes pretendían tomar.

La tensión se respiraba en las calles paceñas desde las primeras horas del día. Columnas de campesinos del departamento de La Paz, en su mayoría indígenas aimaras, virtualmente sitiaron la ciudad.

El indescriptible estruendo provocado por la dinamita, a escasos metros de las barreras policiales, era respondido con gases lacrimógenos y con agua lanzada por carros hidrantes. A diferencia de lo ocurrido el lunes, las amenazas a comercios del centro fueron generalizadas, a la vez que algunos periodistas fueron atacados. Con cierta gimnasia, los comerciantes cerraban los locales para reabrirlos no bien pasaban la columna de manifestantes. «No podemos hacer otra cosa, vivimos al día», indicó a este enviado Melisa, una vendedora que pasa los 30, cuando hubo que interrumpir el diálogo porque los gases lacrimógenos coparon la escena.

La prensa local también informó de saqueos en barrios aledaños a la ciudad -algo que no pudo ser plenamente confirmado- y de una toma de policías como rehenes que duró algunas horas. El ministro de gobierno Saúl Lara seguía las operaciones junto al comandante de la policía, David Aramayo, desde una de las veredas de la plaza Murillo. Lara estimó que eran 10.000 los campesinos que bajaron desde la localidad de El Alto -o subieron desde el Sur- y reconoció que la violencia registrada «por sólo una parte de los manifestantes» no estaba dentro de los cálculos del gobierno.

• Liderazgo

Quienes marcharon ayer habitan en su mayoría en las 20 provincias que conforman el departamento de La Paz y responden al liderazgo de Gualberto Choque, quien a su vez no obedece jefes de la Federación de Campesinos a nivel nacional. El ex legislador Felipe Quispe intentó sumarse a la columna a la altura de Munaypata, entre El Alto y la capital, pero fue expulsado por los manifestantes, lo que evidencia la crisis de representatividad del dirigente radical aymara.

Cuando la situación alrededor de la Plaza Murillo alcanzó cierto grado de calma, a eso de las 14.30 hora local, el presidente Mesa salió del Palacio Quemado con rumbo a la ciudad de Sucre para participar de actos oficiales. Lo que parecía una meta imposible, finalmentese pudo concretar y el mandatario llegó a la capital de Chuquisaca.

En el mismo momento, en otro extremo de la plaza, sobre la calle Socabaya, ingresaba a una dependencia policial el concejal y dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz, uno de los más duros entre los manifestantes. Los periodistas locales que estaban en la plaza estimaban que esta detención abriría paso a un recrudecimiento de las protestas, pero f inalmente fue liberado a las pocas horas. Se lo acusó de «instigación a la violencia», mientras que el dirigente dijo haber sido golpeado intencionalmente por la policía por lo que debió ser internado en el hospital Holandés.

«Me han golpeado como un perro, en un rincón, en una esquina. Me han tapado con cartón y me golpeaban», denunció.

En el «cabildo abierto» del lunes quedó en evidencia la división de las diferentes organizaciones. Tratando de resumir las diferencias, se podría decir que por un lado se ubica el sector que lidera el cocalero Evo Morales (Movimiento al Socialismo, MAS), que reclama el cobro de regalías de 50% a la explotación de hidrocarburos, y por el otro, diversas organizaciones que exigen la nacionalización de los recursos energéticos y la renuncia de Mesa.

• Cabildo abierto

Ayer se llevó a cabo un nuevo «cabildo abierto» en la plaza San Francisco, incluso más numeroso que el del día anterior. En esta ocasión, las disidencias fueron menores, porque todos coincidieron en que «la lucha es a todo o nada».

Morales reiteró las denuncias de que los sectores que reclaman el cierre del Congreso pretenden en realidad la instauración de una dictadura. El dirigente sindical Jaime Solares respondió que su organización se estaba «rearmando para tomar la plaza Murillo». Los últimos destellos de una jornada plagada de nervios ocurrían en la otra gran plaza céntrica de La Paz, San Francisco. Al caer la noche, corridas, gases lacrimógenos y un nuevo capítulo para el país más pobre de Sudamérica.