La Corte hirió la reforma

Montevideo (ANSA, EFE) - La Corte Suprema de Uruguay derribó ayer por tres votos contra dos uno de los aspectos más importantes y sensibles de la reforma tributaria impuesta por el gobierno de Tabaré Vázquez, al declarar inconstitucional un impuesto a la renta aplicado a los jubilados.

La implantación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que afecta también las retribuciones de los trabajadores desde el 1 de julio del año pasado, enfrentó en las últimas semanas al gobierno izquierdista con los partidos de oposición, Nacional (Blanco) y Colorado.

La gran pregunta ahora es cómo hará el gobierno para cubrir el agujero fiscal que le dejará la esperable derogación legislativa de la medida. Según el ministro de Economía, Danilo Astori, se baraja la suspensión de la planeada rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el recorte de inversiones.

Esto ocurre cuando el país busca prevenirse de los posibles efectos de la crisis financiera internacional sobre la economía local, que registró una fuerte recuperación en los últimos años. Al respecto, el presidente del Banco Central, Walter Cancela, se mostró optimista, aunque admitió que puede haber algún riesgo de «escasa probabilidad» en el frente fiscal.

«Puede haber un impacto en la medida en que haya una caída en el nivel de actividad que lleve a una pérdida de recaudación que no sea compensada totalmente por un ajuste de gasto», dijo. El fallo complica más ese panorama, opinaron analistas.

Lo resuelto por la Corte hace referencia a los recursos presentados por cuatro jubilados del departamento de Rocha, en el este del país. Aunque el fallo sólo alcanza a esos casos, sienta un poderoso precedente que obligará al gobierno a modificar la norma.

El presidente de la Corte Suprema, Jorge Ruibal Pino, se negó a revelar los detalles del fallo hasta notificar del mismo a la abogada de los demandantes, al Parlamento y al Ministerio de Economía.

Aun antes de conocerse el fallo, la joven abogada de los jubilados, Soledad Uriarte, de sólo 26 años, había señalado que sus clientes «tienen la esperanza de volver a contar con el dinero que se les descontó».

Según trascendidos de prensa, los magistrados Hipólito Rodríguez, Jorge Ruibal y Sara Bossio votaron por la inconstitucionalidad del impuesto, mientras que los dos miembros restantes del tribunal, Leslie van Rompaey y Daniel Gutiérrez, se alinearon con la postura del gobierno.

Desde la aplicación del IRPF, varios grupos de pensionados presentaron recursos de inconstitucionalidad. Hasta ahora se presentaron 375 acciones judiciales contra su aplicación a pasivos, de las cuales 174 están siendo examinadas por la Corte. Ruibal Pino indicó que en los próximos días se conocerán otros fallos sobre recursos similares.

Las horas previas a la difusión de la sentencia fueron de aguda tensión política. El gobernante Frente Amplio acusó a la oposición de orquestar una campaña contra el impuesto, que afecta a un grupo numeroso en Uruguay y muy importante en términos electorales.

«Las acusaciones del Frente Amplio están fuera de lugar», replicó el senador y ex presidente por el Partido Colorado, Julio Sanguinetti, para quien el que ejerce presión «es el propio gobierno a través de las continuas declaraciones de ministros y legisladores respecto a ese tema».

El Partido Nacional contraatacó al asegurar que fue el gobierno el que intentó «ejercer presión en forma absolutamente ilegítima» sobre la Suprema Corte, «sin respetar la independencia del Poder Judicial». La tensión se elevó también cuando el Partido Socialista (miembro de la coalición gubernamental) pidió la nulidad del voto de la jueza Sara Bossio al entender que, puesto que se va a jubilar en breve, podría verse «beneficiada» si se derogaba el impuesto, algo que fue rechazado por el alto tribunal.