27 de septiembre 2025 - 21:55

La Corte Suprema de EEUU autoriza a la administración Donald Trump a congelar u$s4.000 millones en ayuda exterior

La decisión no es definitiva. Dos demandas presentadas por organizaciones sin fines de lucro y empresas de cooperación internacional continúan su trámite en los tribunales.

Corte Suprema de Estados Unidos.
Corte Suprema de Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este viernes una orden que permite a la administración de Donald Trump mantener congelados u$s4.000 millones en fondos de asistencia exterior, cuya vigencia expira el 30 de septiembre, al cierre del año fiscal. La decisión refuerza la facultad del Poder Ejecutivo para gestionar la ejecución presupuestaria de recursos ya aprobados por el Congreso, pero cuya obligación de gasto aún no se ha concretado.

La resolución suspende temporalmente el desembolso de estos fondos, que forman parte de un paquete más amplio de u$s30.000 millones destinados a programas de ayuda internacional de múltiples años. Según el Departamento de Justicia, la administración ya ha garantizado el uso de u$s6.500 millones antes del vencimiento, pero busca retener los u$s4.000 millones restantes mientras se resuelven las demandas judiciales en curso.

La decisión no es definitiva. Dos demandas presentadas por organizaciones sin fines de lucro y empresas de cooperación internacional continúan su trámite en los tribunales. Estas acciones legales cuestionan si el Poder Ejecutivo puede negarse unilateralmente a ejecutar partidas presupuestarias ya asignadas por el Legislativo.

El fallo contó con el disenso de los tres jueces liberales del máximo tribunal estadounidense, lo que refleja la división en la interpretación constitucional sobre la discrecionalidad presidencial en materia de gasto público.

Impacto en los programas de ayuda

Los fondos en discusión corresponden a iniciativas gestionadas por el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La disputa se centra en la capacidad del gobierno para priorizar políticas de asignación presupuestaria, especialmente en un contexto de revisión de compromisos internacionales.

Mientras las demandas avanzan, el congelamiento de estos recursos podría afectar programas de cooperación en curso, aunque el alcance final dependerá de las resoluciones judiciales pendientes. El caso se resolverá en los próximos meses.

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