Santiago (EFE, Reuters) - Un juez chileno aceptó ayer la demanda que presentó casi un millar de habitantes de Santiago contra el Estado, por los problemas que les provoca la deficiente implementación de un nuevo sistema de transporte público.
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El gobierno puso en marcha en febrero el plan conocido como Transantiago, que cambió los recorridos de los colectivos urbanos y saturó el subterráneo, provocando el malestar de los usuarios por la demora en sus traslados.
«Creemos que nuestros representados han sido víctimas graves de abuso de su calidad de vida, por lo cual el Estado está obligado y tiene un deber de indemnizar cuando así lo declaren los tribunales», dijo a periodistas Felipe Betancourt, abogado de los 900 vecinos de distintas zonas de Santiago que interpusieron el reclamo.
La demanda aceptada por Justo Villacura, titular del Undécimo Juzgado Civil, apunta a una indemnización total equivalente a unos 34 millones de dólares y se produce cuando la popularidad de la presidenta Michelle Bachelet ha tocado un mínimo, según un reciente sondeo, debido principalmente a los problemas de transporte.
Los que iniciaron la acción legal la semana pasada pretenden una indemnización individual de 38.000 dólares y que en su conjunto equivale a una de las mayores demandas contra el fisco los últimos años.
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