Washington y Ginebra (ANSA, EFE) - Con la llegada de otros treinta combatientes del grupo terrorista Al-Qaeda a la base militar estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba, se intensificaron las advertencias internacionales sobre las condiciones de detención de los prisioneros.
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En Ginebra, la comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary Robinson, recordó que los militantes talibanes y de Al-Qaeda son «prisioneros de guerra», rechazando así la concepción norteamericana de «combatientes ilegales». «Por lo tanto están protegidos por las convenciones de Ginebra», remarcó Robinson. Francia sumó su voz de alarma al afirmar que a los detenidos «se les debe dar todas las garantías del Derecho Internacional».
Organizaciones civiles también se hicieron eco de las sospechas de que los prisioneros están siendo maltratados. Human Rights Watch denunció que están alojados en «jaulas», mientras la Cruz Roja, esta misma semana, enviará una misión de supervisión. Estados Unidos y Gran Bretaña volvieron a cerrar filas. El primer ministro Tony Blair afirmó que son tratados de acuerdo a la Convención de Ginebra, y recordó que «son gente muy peligrosa».
En otro orden, un jurado de Boston presentó cargos contra Richard Reid, el británico sorprendido en un avión de American Airlines con explosivos en sus zapatos, mientras realizaba el trayecto París-Miami. Se lo acusa de intento de asesinato, uso de armas de destrucción masiva y de haberse entrenado con Al-Qaeda. Otro de los detenidos, John Walker, el norteamericano que luchaba al lado de los talibanes, habría admitido que se encontró varias veces con Osama bin Laden y que sabía de los atentados del 11 de setiembre.
Por último, el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, indicó que se inspeccionaron más de 40 sitios en Afganistán que la inteligencia relacionó con armas de destrucción masiva.
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