14 de marzo 2007 - 00:00

Piden en EE.UU. renuncia del secretario de Justicia

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gonzales, se defendió ayer en una conferencia de prensa de las acusaciones de violación de la independencia del Poder Judicial. Admitió errores, pero se despegó del caso, que los demócratas buscan convertir en escándalo.
El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gonzales, se defendió ayer en una conferencia de prensa de las acusaciones de violación de la independencia del Poder Judicial. Admitió errores, pero se despegó del caso, que los demócratas buscan convertir en escándalo.
Washington (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El fiscal general de EE.UU. (secretario de Justicia), Alberto Gonzales, se vio envuelto en una polémica, que ya se cobró una víctima política y amenaza su propio futuro, luego que la oposición demócrata exigiera una investigación exhaustiva del Congreso para determinar si la destitución de ocho fiscales federales el año pasado se debió a una interferencia con motivaciones políticas.

El escándalo, que crece como una bola de nieve, fortaleció a a la oposición que pide la cabeza de Gonzales y una exhaustiva investigación sobre la presunta connivencia en el caso del Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Los demócratas, encabezados por el senador Charles Schumer, tienen previsto convocar audiencias para examinar el asunto. «El presidente George W. Bush debe aclarar su papel en todo este episodio», declaró Schumer.

También la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, prometió una investigación «fuerte» de este caso. En la lista de testigos también estaría, entre otros, el principal asesor político de Bush, Karl Rove.

Las investigaciones del Congreso coincidieron con las publicaciones de «The New York Times» y «The Washington Post», afirmando que el gobierno sugirió, hace dos años, el despido no de ocho sino de la totalidad de los 93 fiscales federales del país.

  • Proponente

    La idea fue propuesta por la entonces consejera legal de la Casa Blanca, Harriet Miers, quien pidió en febrero de 2005 el reemplazo de los fiscales, según el «Post».

    Al parecer, la oficina del secretario de Justicia de EE.UU. rechazó el plan original por considerarlo muy problemático y se decantó por el despido de sólo ocho fiscales, indicaron investigaciones preliminares. El jefe de personal de Gonzales, D. Kyle Sampson, que mantuvo estrecha comunicación con Miers sobre el asunto -y presuntamente orquestó el despido del grupo-, presentó su renuncia el lunes, confirmó ayer el Departamento de Justicia. Gonzales, un hispano que llegó a su cargo gracias al voto de confianza de Bush, aceptó la renuncia y dijo en un comunicado que «apreciaba mucho» el servicio prestado por Sampson.

    En su defensa, Gonzales reconoció ayer en conferencia de prensa su responsabilidad por los «errores» cometidos pero «continúo haciendo mi trabajo», aseveró.

    Por ahora, la explicación oficial es que los fiscales fueron despedidos por quejas sobre la calidad de su trabajo, aunque la Casa Blanca también aseguró que, para Miers, el despido suponía un cambio de aires para el segundo mandato de Bush.

    Una portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo que Bush posiblemente discutió el asunto con Gonzales en octubre de 2006, pero insistió en que no instruyó al Departamento de Justicia a que tomara «accionesespecíficas sobre ningún fiscal». Perino defendió la decisión de la cartera por considerarla «perfectamente adecuada» y dentro del margen de maniobra que tiene esa entidad federal.

    Los fiscales generales, responsables de hacer cumplir las leyes federales en sus respectivos distritos, normalmente son nombrados por el presidente para períodos de cuatro años. Pero llegan al cargo por recomendaciones de líderes políticos en cada estado y permanecen allí hasta que el Ejecutivo dispone lo contrario. El despido de varios de ellos en simultáneo es, con todo, muy inusual.

    El despido de los fiscales llamó la atención del Congreso tras conocerse que varios líderes republicanos, entre ellos el senador Pete Domenici, presionaron para agilizar las investigaciones de fraude electoral contra varios demócratas en lugares como Filadelfia, Milwaukee y Nuevo México. La premura de los republicanos se debía a que se acercaban los comicios legislativos del pasado 7 de noviembre, y la oposición política preveía una clara victoria en las urnas.
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