Podría caerse reforma tributaria en Uruguay
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Además, Uriarte lleva los casos de cerca de 70 personas más que cobran pensiones y denuncian su indefensión ante el IRPF.
El lunes próximo, los cinco jueces de la Corte analizarán una sentencia tentativa y a lo largo de la semana dictarán su fallo. Las demandantes cuentancon el apoyo de tres de los magistrados, según se conoció a través de una filtración.
Los jueces que consideraron inconstitucional el tributo alegaron, según esa filtración, que la jubilación no puede ser equiparada a una renta y que se viola el principio de igualdad ante la ley.
La aplicación el año pasado del IRPF ha levantado en Uruguay muchas protestas y numerosas denuncias de irregularidades.
Una encuesta de la empresa Cifra conocida esta semana indicó que la mitad de los consultados rechaza el IRPF y sólo 29% se manifestó a favor del impuesto.
El martes, los partidos opositores pidieron al gobierno del Frente Amplio que derogue el IRPF ante la posibilidad de que la Corte dictamine la inconstitucionalidad del impuesto aplicado a los jubilados.
El senador y presidente del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, dijo en la emisora «El Espectador» que su formación está analizando la citación del ministro de Economía, Danilo Astori, al Parlamento.
El senador colorado Julio María Sanguinetti anunció que después de Semana Santa presentará un proyecto en el Legislativo para derogar el IRPF.
Desde el Partido Independiente se sostiene que, si la Suprema Corte se pronuncia sobre la inconstitucionalidad en un caso, el gobierno debería derogar el Impuesto a la Renta a todos los demás jubilados.
Según el expediente presentado por Uriarte, «la imposición de las jubilaciones y pensiones, en calidad de renta, constituye una flagrante violación del artículo 67 de la Constitución, tanto en cuanto desvirtúa y transgrede el concepto y la naturaleza de los beneficios como en cuanto viola la adecuada protección y garantía de los mismos».
Añade que esa norma «viola también lo establecido en el artículo 72 de la Constitución, que consagra la protección de los derechos y garantías que son inherentes a la personalidad humana».
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