Polémica por seguridad en EE.UU.

Washington (EFE, LF) - Además de las polémicas por la nominación de un juez conservador para la Corte Suprema, las complicaciones de la guerra en Irak y otras cuestiones, Estados Unidos se encuentra a las puertas de otro debate caliente: el pedido de la administración Bush al Congreso para que apruebe un proyecto de ley que renueva la llamada «ley patriota», que amplió las tareas de espionaje interno e incluye, además, 16 polémicas cláusulas que vencen a fines de este año.

En aras de la seguridad nacional, la Oficina federal de Investigaciones (FBI) ha ampliado el uso de una figura administrativa para escudriñar a todo ciudadano o visitante en Estados Unidos, tenga o no vínculos con el terrorismo internacional.

Se trata de las Cartas de Seguridad Nacional (National Security Letters, NSL), autorizadas dentro de la ley antiterrorista promulgada tras los atentados de 2001 y que permiten al FBI recabar toda clase de información personal de los estadounidenses sin permiso de los tribunales.

Grupos defensores de los derechos civiles han criticado los supuestos excesos en el uso de esos documentos.

En 132 páginas, la «ley patriota» amplió las facultades del gobierno para vigilar, detener o deportar a sospechosos de terrorismo, y amplió a cualquier ciudadano las NSL, una figura administrativa de los años '70 que el FBI utilizó inicialmente para acceder a los expedientes privados de presuntos agentes extranjeros. Ahora, mediante la sección 505 de esa ley, el FBI puede recurrir a esas cartas para vigilar las comunicaciones, los historiales médicos y financieros, así como otros datos privados de todo estadounidense y visitante en el país.

• Acceso irrestricto

Estos documentos permiten que los agentes del FBI puedan acceder, sin el conocimiento o consentimiento de los afectados, a información como cuentas bancarias, sitios visitados en Internet, correspondencia electrónica o libros prestados de una biblioteca, entre otros.

Todos estos archivos son depositados en varios bancos de datos del gobierno, que puede compartirlos con otras entidades a su antojo, informó ayer el diario «The Washington Post», al detallar varios casos del exceso policial.

Citando fuentes gubernamentales, el rotativo indicó que el FBI ahora emite cada año más de 30.000 Cartas de Seguridad Nacional, que no requieren el visto bueno de fiscal, juez o jurado.

El gobierno logró derrotar un proyecto de ley y una demanda judicial que exigía una rendición de cuentas sobre el uso de esas cartas «y no ha ofrecido ejemplo alguno sobre cómo el uso de éstas ha contribuido a frenar algún complot terrorista», aseguró el diario.

Grupos de defensa de las libertades civiles y del derecho a la intimidad aseguran que si, en teoría, las NSL ayudan a capturar terroristas, en la práctica, éstas permiten que el FBI investigue a cualquier persona que por azar se haya cruzado con un sospechoso.

Grupos como la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) han advertido que el uso de las NSL es « antidemocrático», viola la privacidad de las personas y puede afectar a gente inocente. «El secretismo en torno a esta ley ha impedido que el público y hasta el Congreso se enteren de cómo el FBI está utilizando sus nuevos poderes», se quejó Ann Beeson, abogada de la ACLU.