Polémico: Perú da inmunidad total a policías y FF.AA.

Alan García

Lima (AFP, EFE, Reuters, ANSA) - El presidente Alan García desató una fuerte polémica en Perú al promulgar un paquete de leyes que imponen la inhabilitación a los alcaldes y funcionarios que participen en huelgas y declara exentos de responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o la muerte a personas durante acciones represivas.

La legislación fue promulgada por el mandatario cuando faltan pocos días para que cumpla -el 28 de julio- su primer año en el poder, y cuando su popularidad cayó a su peor nivel, fluctuando entre 32% y 24% según los sondeos. Coincide, además, con un contexto de protestas sociales y de preocupante auge del narcotráfico y la delincuencia común.

Las protestas de las últimas semanas causaron verdadera convulsión en el país y dejaron tres muertos, una treintena de heridos y alrededor de 300 detenidos, además de millonarias pérdidas.

La ministra de Justicia, María Zavala, negó ayer que las sanciones contra las autoridades, que fueron elegidas democráticamente, sean en represalia por el apoyo de éstas a huelgas presentadas las últimas semanas contra el gobierno.

«No es una represalia, lo que pasa es que no se puede extorsionar al gobierno central promoviendo huelgas», dijo Zavala en conferencia de prensa.

La reciente ola de protestas fue impulsada por presidentes de regiones del sur peruano (Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho y Tacna), lo que provocó severas críticas del gobierno central contra éstos. La decisión del gobierno fue rechazada por los presidentes regionales, varios de los cuales expresaron que no hace sino atizar la relación entre las regiones y Lima.

«Es una medida dura, extrema e incluso represiva», dijo Vladimir Huaroc, el presidente regional de Junín, citado por el diario «El Comercio». «Es peligrosa porque se puede interpretar como una provocación y puede generar acciones colectivas, debido a que se están modificando derechos, como los de huelga, que garantiza la Constitución», añadió.

«Es un atentado contra la libertad de pensamiento de las autoridades y que no corresponde a la realidad. El gobierno sólo busca acallar los reclamos de la población expresados a través de sus presidentes regionales y alcaldes», dijo Simón Balbuena, alcalde de Arequipa, segunda ciudad de Perú.

La decisión de declarar «inimputables» a los policías o miembros de las fuerzas armadas que causen lesiones o muertes durante acciones de servicio sorprendió a los analistas, que no esperaban una medida de esta naturaleza.

«Es muy preocupante», dijo el jurista Mario Amoretti al diario «La República». «Ello podría interpretarse como una invitación a que usen sus armas», acotó el abogado, que resaltó que «ni Alberto Fujimori (1990-2000) dictó leyes tan duras y peligrosas».

El gobierno justificó la defensade los policías y militares alegando que se trata de una precisión legal para blindarlos en los casos en que sean procesados por ocasionar muertes durante operaciones de orden público. La nueva legislación «hace que el policía trabaje con mayor seguridad», dijo la ministra de Justicia.