Prohibió a 400 candidatos el Parlamento de Chávez

Hugo Chávez

Caracas (EFE) - La Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Venezuela respaldó ayer las inhabilitaciones decretadas por la Contraloría General que impiden a más de 400 políticos, muchos de oposición, presentarse a los comicios regionales y municipales del próximo 23 de noviembre.

Después de un encendido pleno ordinario, el Parlamento unicameral, cuyos 167 miembros son casi todos oficialistas (sólo hay un puñado de chavistas disidentes), apoyó con un «acuerdo» la inhabilitación de más de 400 funcionarios y ex funcionarios públicos por haber incurrido en presunta corrupción durante el ejercicio de sus funciones.

En esa lista se destaca el líderopositor y actual alcalde reelegido del municipio caraqueño de Chacao, Leopoldo López, quien rechazó por «ilegal» su inhabilitación y aspira a la Alcaldía Mayor de la capital venezolana.

López, un economista socialdemócrata, es una de las principales cartas de la oposición a Hugo Chávez, por lo que su proscripción resulta particularmente polémica.

Una de las figuras más populares de la oposición, López fue elegido alcalde de Chacao en 2000 con el 51% de los votos, para ser reelegido cuatro años más tarde con nada menos que 81%.

Transparencia Internacional consideró a su municipio en 2006 el de mayor prolijidad administrativa en el país, pero la Contraloría General desempolvó una vieja denuncia con la intención de truncar su carrera.

Cuando López se desempeñaba como analista en la Oficina del Economista Jefe de Petróleos de Venezuela ( PDVSA), obtuvo una donación para su partido a través de su madre, a la sazón también funcionaria de la petrolera estatal, lo que, según se afirmó, violó la ley.

Caso emblemático

A raíz de eso, López fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por de tres años, que deberá cumplir tan pronto culmine su mandato como alcalde de Chacao.

Durante el debate legislativo, el diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Carlos Escarrá defendió la denominada «lista Russián», en referencia al contralor general venezolano, Clodosbaldo Russián. También consideró que los inhabilitados se encuentran en esta situación por «ladrones» y por haber «cometido irregularidades» en la gestión del patrimonio público.

Por su parte, el diputado Ismael García, del ex oficialista partido Podemos, con siete parlamentarios, defendió el derecho de los ciudadanos «a elegir y a ser elegidos», para luego votar en contra del acuerdo legislativo en apoyo a las inhabilitaciones.

Asimismo, García denunció que a los inhabilitados «se les están cercenando derechos» y sostuvo que la decisión de la Contraloría es contraria a la Constitución.

«Si cometieron delito, han tenido tiempo suficiente la Contraloría, la Fiscalía, los jueces y el Tribunal Supremo para encarcelar a quienes han sido denunciados», subrayó el diputado opositor.

El también diputado Luis Tascón, apartado recientemente del PSUV de Chávez, rechazó el calificativo de «ladrones» esgrimido por Escarrá y defendió a los afectados porque, a su juicio, «no son ladrones».

Tascón afirmó que algunos de los políticos inhabilitados afectos al oficialismo «tal vez cometieron un error», pero tildó de «exabrupto» llamarlos «ladrones» e impedirles aspirar a cargos públicos porque son «compatriotas» que han «levantado la bandera de la honestidad».