Como si Nayib Bukele fuera su principal referente regional, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, anticipó que la política de seguridad de “mano dura” será una de las prioridades centrales de su gobierno, que comenzará el próximo 8 de mayo. La dirigente derechista se impuso este domingo en las elecciones presidenciales con más del 48% de los votos, superando por ocho puntos el umbral necesario para ganar en primera vuelta.
Quién es Laura Fernández, la "Bukele de Costa Rica" que arrasó en las elecciones
La politóloga de derecha, heredera política de Rodrigo Chaves, anunció una agenda de mano dura contra el crimen. Sus críticos advierten sobre riesgos autoritarios y un posible avance sobre las instituciones.
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“El cambio será profundo e irreversible”, advirtió, sin precisar el alcance de las reformas, y sostuvo que se modificarán “ciertas reglas del juego político”.
Con 39 años, Fernández es considerada la heredera política del actual mandatario Rodrigo Chaves, un dirigente popular y fuertemente polarizante, admirador declarado del presidente salvadoreño. Durante su gestión, la ahora presidenta electa ocupó dos ministerios y se presentó en campaña como la “candidata de la continuidad”.
Entre sus principales propuestas figura la finalización de una cárcel inspirada en la megaprisión construida por Bukele en El Salvador, el endurecimiento de las penas y la posibilidad de imponer estados de excepción en zonas afectadas por el avance del crimen organizado.
Quién es Laura Fernández
Politóloga de 39 años, nacida en Puntarenas, una de las zonas más golpeadas por el avance del narcotráfico, Laura Fernández se formó académicamente en Costa Rica y desarrolló su carrera política bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Chaves, de quien es considerada su principal heredera.
Especialista en políticas públicas, ocupó cargos clave durante la actual administración y se consolidó como la figura de continuidad del oficialismo. Se define como liberal en lo económico y conservadora en lo social, con un discurso confrontativo que le permitió imponerse en primera vuelta.
El respaldo de Bukele y la agenda de mano dura
Bukele fue, de hecho, el primer jefe de Estado en felicitarla tras el triunfo. “Le deseo el mayor de los éxitos”, escribió en la red social X. En un video de campaña difundido semanas antes de la elección, Fernández había asegurado al mandatario salvadoreño que la seguridad seguiría siendo “una de las más altas prioridades” de su futura administración, en línea con los proyectos impulsados por Chaves.
Sus adversarios políticos la acusan de adoptar de manera oportunista el llamado “modelo Bukele”, valorado por su eficacia en la reducción de la violencia, pero cuestionado por organismos de derechos humanos debido a denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y torturas bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador.
Críticas, advertencias institucionales y el rol del Congreso
En su discurso de victoria, Fernández evitó referirse de manera directa al tema de la violencia criminal y afirmó que “nunca” permitirá el autoritarismo. Se definió como una “demócrata convencida” y “defensora de la libertad”, aunque mantuvo un tono confrontativo hacia la prensa, en línea con el estilo del presidente saliente.
“El cambio será profundo e irreversible”, advirtió, sin precisar el alcance de las reformas, y sostuvo que se modificarán “ciertas reglas del juego político”.
El segundo lugar fue para el economista socialdemócrata Álvaro Ramos, quien obtuvo el 33% de los votos, muy por detrás de la ganadora.
Fernández será la segunda mujer en gobernar Costa Rica, uno de los países históricamente más estables de la región, después de Laura Chinchilla, quien también accedió a la presidencia en primera vuelta en 2010. La exmandataria, una de las críticas más severas de la presidenta electa, advirtió que “las mayorías electorales no son patente de corso para silenciar a las minorías” y llamó a la oposición a ejercer un rol activo de contrapeso en el Congreso.
Según las proyecciones legislativas, el oficialismo obtendría alrededor de 30 de los 57 escaños parlamentarios, una mayoría insuficiente para avanzar, en principio, con reformas constitucionales o cambios en el Poder Judicial. No obstante, no se descartan alianzas parlamentarias que permitan impulsar modificaciones de mayor alcance.
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