Rige ya en Italia polémica ley contra los "sin papeles"

Silvio Berlusconi

Roma (Reuters, ANSA) -El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, obtuvo ayer la aprobación del Parlamento a un duro y polémico paquete de reformas que apunta contra los inmigrantes ilegales, a quienes su gobierno considera culpables de gran parte de los delitos que se comete en el país.

Entre los aspectos que cubre la ley -que recibió en el Senado la media sanción definitiva con 161 votos a favor, 120 en contra y ocho abstenciones-figuran desde crímenes mafiosos hasta conducir en estado de ebriedad. Una medida que facilita la expulsión de extranjeros sin papeles -que podrán ser repatriados cuando reciban una pena judicial superior a los dos años, y no a los diez años como hasta hoy, o a los que no puedan demostrar sus rentasy otra que permite a las autoridades confiscar propiedades alquiladas a inmigrantes ilegales -e imponer a sus dueños una pena de prisión entre seis meses y tres años-son dos de los aspectos más criticados por la oposición de centroizquierda y por la Iglesia Católica.

Sentencias

Aquellos que viven en Italia de manera irregular también enfrentarán sentencias un tercio más largas si son condenados por algún delito, un punto particularmente cuestionado por la oposición, que entiende que vulnera el principio de igualdad ante la ley.

La duración de la permanenciade los inmigrantes ilegalesen los centros de recepciónpodrá ser prolongada de dos a 18 meses en virtud de la nueva disposición de la « directiva de retorno» aprobada por la Unión Europea. Esa directiva dispone la repatriación forzada de inmigrantes y su detención hasta por 18 meses en unos llamados «centros de internamiento».

El primer ministro conservador decretó varias de las medidas poco después de asumir en mayo, declarando que «los ciudadanos tienen el derecho fundamental a no tener miedo». Pero necesitaba la aprobación parlamentaria para convertirlas en ley. «Más de una vez, la izquierda aclamó que no existe relación entre la inmigración y el crimen», dijo Sandro Mazzatortadel partido Liga Norte, habitualmente acusado de xenófobo, al hablar en el recinto del Senado. «Extranjeros cometieron 60% de los intentos de homicidio, 60% de los robos, 82% de los asaltos», añadió, en referencia a datos de 2007 de la norteña ciudad de Brescia. Los críticos dicen que estas comparaciones pueden fomentar el racismo.

La legislación de Berlusconi incluyó una disposición que permite a los soldados vigilar las calles junto a la policía, con la convocatoria de 3 mil soldados que patrullarán las calles por un período de seis meses prorrogables por seis más. Una medida también facilita la captura de activos de mafiosos y otra impone penas más duras para quienes manejen en estado de ebriedad.

El primer ministro, de 71 años, había incluido originalmente en el proyecto de ley una controvertida medida que buscaba suspender los casos judiciales no urgentes por un año, pero la versión final la diluyó de forma significativa debido a las reformas que introdujo la Cámara baja.

Los partidarios de la ley dijeron que la propuesta iba a ayudar a revertir un atraso judicial que permitirá mandar a juicio a los peores criminales. Pero los críticos sostuvieron que fue diseñada para que Berlusconi pueda eludir sus problemas legales, entre ellos, un juicio por corrupción en Milán.

La legislación final aprobada por el Senado deja en manos de los jueces la decisión de suspender o no los juicios no urgentes por 18 meses.

Berlusconi obtuvo el martes la aprobación parlamentaria para una legislación que les otorga a él y a los otros tres máximos funcionarios electos de Italia -el presidente y los presidentes de las dos cámaras del Parlamento-inmunidad de procesamiento mientras estén en el gobierno. De todas formas, Berlusconi puede optar por no usar su inmunidad en casos en su contra. Esto incluye un juicio en Milán que lo involucra junto al abogado británico David Mills.

Berlusconi fue acusado de haberle pagado a Mills 600.000 dólares provenientes de supuestos «fondos secretos» de Mediaset -el mayor consorcio de medios de Italia-en 1997 para ocultar detalles incriminatorios de sus acuerdos empresarios. Ambos niegan los cargos.