Sangriento enfrentamiento en cárcel de Guatemala: 14 muertos
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En forma paralela a estos hechos en el correccional Etapa Uno y Dos, integrantes de la Mara Salvatrucha atacaron a balazos a miembros de la M-18 en otro centro de reclusión, en Puerto Barrios, 295 km al noreste de la capital, con saldo de tres muertos, según informes oficiales.
De acuerdo con cifras oficiales, entre 40.000 y 250.000 jóvenes de las barriadas marginales centroamericanas forman parte de las pandillas, entre las que figuran las poderosas Mara Salvatrucha (MS) y la Mara-18. La violencia en las cárceles guatemaltecas se ha intensificado en los últimos meses.
El pasado 15 de agosto, enfrentamientos casi simultáneos registrados en ocho prisiones del interior del país entre miembros de la M-18 y de la MS, dejó como saldo la muerte de 36 pandilleros, mientras que otros 80 resultaron heridos.
Hace pocas semanas, una organización especializada en temas judiciales solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas provisionales de protección a pandilleros en prisión, luego de los violentos enfrentamientos de agosto.
La solicitud se planteó ante la CIDH, con sede en Washington, porque existen indicios de que el Estado pone en riesgo la integridad de los pandilleros que se encuentran en prisión, afirmó a la prensa el miembro del Instituto de Estudios Comparados, Alejandro Rodríguez.
"Es imperativo preservar la vida de las personas. Hicimos la petición fundamentalmente para que no vuelva a ocurrir lo que ese día", el 15 de agosto, en cinco prisiones del país. Rodríguez explicó que la medida también fue planteada porque cree que el ingreso de armas de fuego utilizadas en los enfrentamientos, fue realizado con el aval de guardias penitenciarios.
La Procuraduría de Derechos Humanos divulgó en agosto un informe sobre las pésimas condiciones en que se encuentra el sistema penitenciario, por lo que demandó la aprobación de una ley que obligue al Estado a aplicar programas para reinsertar a la población a la sociedad civil.
De acuerdo con el documento, la sobrepoblación de las prisiones es de 23,65%, lo que significa un incremento de 9,27% desde el 2001.
En el 2003, la CIDH ordenó al Estado guatemalteco que tomara medidas a favor de la integridad de los pandilleros, debido a las condiciones denigrantes y de hacinamiento en que se encontraban en prisión.




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