Senado francés aprueba versión "suave" del proyecto de ley para hacer prueba de ADN a inmigrantes

Una comisión paritaria de las dos cámaras del Parlamento francés deberá dirimir las diferencias entre sus respectivas versiones del proyecto de "control de la inmigración", incluida una polémica enmienda sobre las pruebas de ADN para que los candidatos a la reagrupación familiar puedan demostrar su filiación.

De madrugada, por 188 votos a favor y 135 en contra, el Senado aprobó el proyecto de ley que impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar, al hilo de la voluntad del Gobierno conservador de reducir esta clase de inmigración para aumentar la de tipo económico.

La versión del Senado suaviza y encuadra la enmienda sobre los test facultativos de ADN que la Cámara de los diputados había introducido en el texto gubernamental, a petición de un diputado del partido conservador gobernante, la Unión por un Movimiento Popular (UMP).

La versión del Senado estipula que el dispositivo será experimental durante 18 meses y que las pruebas serán gratuitas, deberán ser autorizadas por un juez francés, serán sólo para demostrar la filiación con la madre, nunca con el padre, y cuando no haya otra opción para eliminar las dudas sobre el estado civil del candidato a entrar en Francia en virtud de la reagrupación familiar.

Al rechazo de la enmienda por la oposición de izquierdas, asociaciones de derechos humanos, iglesias, personalidades de la derecha, incluido el ex primer ministro Dominique de Villepin, y líderes africanos se ha sumado el Consejo consultivo de Ética.

Este organismo afirmó ayer que "la inscripción en la ley de una identificación biológica reservada sólo a los extranjeros" está "en contradicción con el espíritu de la ley francesa".

Dos peticiones de protesta contra la enmienda sobre los test de ADN han recogido ya unas 100.000 firmas, según sus organizadores.

Mientras, un sondeo del instituto CSA difundido hoy por el diario un diario francés muestra que los franceses están divididos sobre el recurso a los test de ADN, ya utilizados por doce países europeos.

Un 47 por ciento de los sondeados está a favor y un 45 por ciento piensa que es contrario a "los valores de la sociedad francesa".

Un 72 por ciento de los simpatizantes de la derecha es favorable al uso de los test mientras que un 60 por ciento de los de la izquierda lo rechaza.

Una comisión legislativa paritaria, donde la derecha es mayoritaria, será convocada el próximo día 16 para dirimir las diferencias entre las respectivas versiones del Senado y de la Cámara de los diputados y acordar un texto común, que será sometido a los diputados y senadores el 23 de octubre. 

El ministro de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Co desarrollo, Brice Hortefeux, defendió hoy, en declaraciones radiales, la versión senatorial sobre los test de ADN que, dijo, aporta "todas las garantías".

Destacó su carácter "voluntario" y "experimental", recalcó que "interviene un juez" y afirmó que "no hay discriminación", a la vez que propuso experimentarlos primero en Ghana, donde, dijo, los aplica el Reino Unido.

Preguntado sobre si el proyecto es un mensaje a los electores de extrema derecha, el ministro dijo que "nos dirigimos al conjunto de los ciudadanos franceses. No hay exclusiva ni racismo".

Para Hortefeux, el proyecto de ley sobre el control de la inmigración es un "texto equilibrado" que persigue el "reequilibrio" entre la inmigración familiar y económica.

La polémica sobre los test de ADN hizo pasar a un segundo plano las otras disposiciones del proyecto, que pretende completar textos anteriores y retoma los compromisos electorales del presidente francés, Nicolas Sarkozy, defensor de una inmigración "escogida" y ya no "sufrida".

Los candidatos a la reagrupación familiar también deberían someterse a un test de conocimiento del francés y de los valores de la República.

Asimismo, el inmigrante que quiera hacer venir a su familia habría de tener ingresos laborales al menos equivalentes al salario mínimo, y los padres de niños llegados a través de la reunificación familiar suscribirían un contrato de "acogida e integración", cuyo incumplimiento será sancionado.

Hay diferencias entre las versiones del Senado y la Cámara de diputados sobre parte de estos artículos y también sobre el período de recurso para los demandantes de asilo.

El proyecto incluye otra medida polémica que permite recoger datos sobre el origen étnico.