Son argentinas 20% de las armas de narcos en Brasil

Policías brasileños inspeccionan drogas decomisadas durante un operativo en la favela de Jacarezinho, en Rio de Janeiro. Los narcotraficantes acceden a armamento cada vez más sofisticado de procedencia extranjera en su combate contra las autoridades.

San Pablo (EFE, ANSA, LF) - Las bandas de narcotraficantes que operan en las grandes ciudades de Brasil utilizan cada vez más armas desviadas de los ejércitos y policías de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, según una investigación de la Policía Federal (PF) revelada ayer por el diario «Folha de Sao Paulo».

La División de Represión al Tráfico Ilícito de Armas de la PF calcula que 20% del armamento de gran calibre incautado a las bandas de traficantes de drogas proviene de esos países, de acuerdo con el informe.

«Sólo del ejército boliviano fueron aprehendidos, entre abril de 2005 y julio de 2007, nueve armas antiaéreas con el escudo oficial estampado», afirmó el diario. Una ametralladora antiaérea puede costarle a los narcos 21.000 dólares, calcula la policía federal.

«Estamos hablando de armas de guerra y no de pistolas, revólveres u otro tipo de armas largas» menos potentes, afirmó el delegado Vantuil Cordeiro, director de la división de la PF dedicada al combate del tráfico internacional de armas, citado por el diario.

Incautaciones

En los dos últimos años la policía federal ha incautado 20.522 armas de este tipo, incluyendo fusiles AK-47, FAL, ametralladoras Punto 50 y pistolas calibre 45 y 9 milímetros, según la información.

Cordeiro explicó que ese «armamento pesado es desviado de cuarteles y de las policías de esos países. Inclusive del nuestro también». La investigación de « Folha» recuerda que «en abril de 2003 el entonces diputado Carlos Iparraguirre, de la Unión Cívica Radical y miembro de la Comisión de Defensa y Seguridad Interna del Congreso argentino, entregó a un investigador de la organización no gubernamental Viva Rio una copia de la investigación realizada por diversas agencias del gobierno argentino sobre el pedido de rastreo de armas y granadas efectuado en abril de 2001. El proceso demuestra que subametralladoras, fusiles y granadas producidos en la Argentina fueron desviados por fuerzas policiales y militares, teniendo como destino final el narcotráfico en Rio de Janeiro».

A raíz de ello, «la información de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre en Tráfico de Armas en el Congreso brasileño, de que habría militares de alta graduación del ejército argentino involucrados en el contrabando de armas hacia Brasil, generó un ímpetu investigativo inicial en la Argentina que, sin embargo, parece no haber tenido mayores consecuencias», agrega.

Al respecto, el periódico relata que en febrero de 2006 la ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, llamó al vicepresidente brasileño José Alencar para asegurarle que habría una investigación sobre el tema, pero «un año y medio después de esas investigaciones, el Ministerio de Defensa no respondió las preguntas» que le formuló.

Hace pocos días, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky dejó sin efectola citación a declaración indagatoria de la ministra Garré en la causa por la sospechosa venta 6.700 kilogramos de repuestos de fusiles a una empresa en Estados Unidos por apenas 2.600 dólares.

Arrestos

Mientras, en Uruguay, una treintena de militares fueron arrestados por el robo de material bélico que puede haber sido llevado a Brasil.

«Hace tres días, un grupo de militares de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), entre ellos un teniente y un cabo, fue preso acusado de desviar 11 fusiles FAL calibre 7,62, dos subametralladoras calibre 9 mm, nueve cargadores de FAL y cuatro cargadores de 9 mm de la base de Boiso Lanza, próxima a Montevideo, donde se localiza el Comando de la Fuerza Aérea», dijo «Folha».

El comandante en jefe de la FAU, Enrique Bonelli, cree que los fusiles, las subametralladoras y la munición desaparecidos en su país pueden haber sido contrabandeados a Brasil. Según el jefe militar, cada arma de ese tipo puede costar en las favelas entre 3.000 y 3.500 dólares.

Consultados por el diario, representantes diplomáticos de los países señalados dijeron que sus respectivos gobiernos también están investigando estos delitos, pero alegaron que faltan pruebas concluyentes.

La PF calcula que por cada arma incautada a los bandas de delincuentes y traficantes otras 30 entran ilegalmente a Brasil, en un negocio millonario apenas superado por el propio tráfico de drogas.

Las investigaciones, que comenzaron hace dos años, se basaron en declaraciones de policías brasileños y testimonios, investigaciones, informes y monitoreo telefónico con colaboración de los países involucrados.

Esas informaciones llevaron el año pasado a la creación de la Comisión Especial de Investigación del Comercio Ilegal de Armas en la Frontera, con la participación de representantes de la Argentina, Uruguay y Paraguay, de los jefes de las fuerzas armadas brasileñas y de los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores.