23 de octubre 2018 - 00:00

Trump obligará a los migrantes a entregar a sus hijos o ir juntos a prisión

Recortará la ayuda financiera a Honduras, Guatemala y El Salvador por no impedir el avance de miles de sin papeles. En el sur del país, planea activar un operativo con la Guardia Fronteriza y militares.

AGOBLO. Miles de migrantes durmieron en las veredas de Tapachula (estado de Chiapas), para descansar de la intensa caminata con sus bebés e hijos a cuestas. Sueñan con llegar a Estados Unidos.
AGOBLO. Miles de migrantes durmieron en las veredas de Tapachula (estado de Chiapas), para descansar de la intensa caminata con sus bebés e hijos a cuestas. Sueñan con llegar a Estados Unidos.
Washington - Nada detiene a los miles de hondureños que reanudaron ayer su largo camino hacia Estados Unidos. Ni el agotamiento ni las nuevas amenazas del presidente Donald Trump de obligarlos a renunciar a la patria potestad de forma temporal una vez que sean capturados en territorio estadounidense.

De acuerdo al diario The New York Times, un equipo de funcionarios de la Casa Blanca y los departamentos de Estado, de Seguridad Interna y de Justicia están trabajando en una nueva fórmula para separar familias de indocumentados. La tarea comenzó luego de que varias protestas paralizaran en junio la separación familiar con la que el presidente republicano venía combatiendo los ingresos ilegales al país.

Con la elección legislativa a la vuelta de la esquina, el grupo se dedicó ahora a un nuevo enfoque: "los padres serían obligados a elegir entre someter voluntariamente a sus hijos al cuidado del Estado de manera temporal (mientras se resuelve su situación) o permanecer detenidos juntos como una familia. La última opción requeriría de que los padres renuncien al derecho de sus hijos a ser liberados después de veinte días", reportó el diario.

El objetivo es la máxima disuasión de los migrantes adultos, puesto que en cualquier opción el menor terminará sufriendo las consecuencias.

Entre las otras alternativas que el Gobierno analiza, además del recorte de fondos para los países centroamericanos anunciado ayer por Trump vía Twitter, se barajan endurecer los requisitos para solicitar asilo e implementar una política conocida como "primero que entra, primero en salir", según la cual los primeros indocumentados en ser detenidos serán los primeros en ser deportados sin necesidad de esperar en Estados Unidos que se resuelva su situación legal.

"Vamos a empezar a cortar, o reducir sustancialmente, la tremenda cantidad de ayuda externa que habitualmente les damos", tuiteó el mandatario. "Lamentablemente, parece que la policía y los militares de México son incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos. Criminales y personas de Medio Oriente no identificadas están mezclados", agregó.

La ayuda estadounidense para el norte de Centroamérica viene cayendo. En 2016, Estados Unidos otorgó unos 131.2 millones en dólares a Guatemala, 98.3 millones a Honduras y 67.9 millones a El Salvador, según datos oficiales. Para el próximo año, se proyectó que esas sumas caerían a 69.4 millones para Guatemala, 65.8 millones para Honduras y 45.7 millones en el caso de El Salvador.

Combinados, los recortes equivalen a una reducción de casi el 40% para las tres naciones. Trump no especificó cuánto más quería cortar la ayuda.

El republicano también advirtió que alertó "a la Patrulla Fronteriza y al Ejército de que esto es una emergencia nacional".

Mientras tanto, más de 7.000 migrantes, según estimaciones de la ONU, reanudaron su marcha ayer hacia el norte de México desde Tapachula (estado de Chiapas), fronteriza con Guatemala. Continuarán su marcha hacia Huixtla, también en Chiapas, una segunda parada de las muchas antes de llegar a Tijuana o Mexicali, fronterizas con Estados Unidos, su destino final a más de 3.000 kilómetros.

Gran parte de la caravana que salió el 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras, logró ingresar a México ilegalmente y durmió en la plaza principal de Tapachula tras haber recorrido más de 760 kilómetro a pie.

Poco más de 700 que sí entraron legalmente, según datos oficiales, están alojados en albergues del Gobierno mexicano donde les aseguraron que iniciarán sus solicitudes de refugio o visa. Pero muchos temen que lo refugios sean una trampa para deportarlos.

Organizaciones civiles protectoras de migrantes difundieron en Tapachula un comunicado en el que acusan a autoridades mexicanas de no cumplir las "garantías de protección a la vida e integridad" de los migrantes y de realizar incluso detenciones arbitrarias.

Una segunda caravana de casi un millar de hondureños inició el domingo su travesía a pie desde Guatemala para llegar a la frontera con México, en ruta hacia Estados Unidos.

El trayecto por México puede tomarles un mes, según Rodrigo Abeja, activista de la organización Pueblos Sin Frontera que acompañó a varias caravanas. Pero hay un "riesgo de que hagan operativos para detenerlos", advirtió.

Agencias AFP, Reuters y ANSA,

y Ámbito Financiero

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