Un país sin capacidad de consenso

Carlos Mesa

La Paz - La búsqueda de un pacto nacional en un país que ha perdido la capacidad de consenso y la credibilidad de sus instituciones es el último capítulo de la lucha por el poder en Bolivia, plasmada en la discusión de una reforma petrolera.

Cuando más presionado estaba, el presidente Carlos Mesa devolvió una vez más la papa caliente a sus oponentes, sacando de la galera la convocatoria a un masivo encuentro entre los diferentes actores políticos y sociales, a celebrarse la próxima semana.

• Propósito

El objetivo de la cita es conseguir lo que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni los movimientos sociales liderados por el Movimiento Al Socialismo, de Evo Morales, han logrado en un año y medio: dar «un salto cualitativo» que destrabe los «acuerdos mínimos» necesarios para asegurar la unidad nacional, según Mesa. Es decir, ponerse de acuerdo sobre los cuatro temas principales de la agenda del país: la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, la elección de prefectos regionales (gobernadores), la celebración de un referendo autonómico y la instalación de una asamblea constituyente.

De esta forma, el mandatario se libró nuevamente de la responsabilidad de pronunciarse sobre una reforma petrolera por la que en marzo puso su cargo a disposición del Congreso, al que planteó además la convocatoria de elecciones anticipadas, en ambos casos sin mucho afán ni éxito. Desde el sábado, cuando recibió del Congreso el texto legal, Mesa disponía de diez días -hasta el martes próximo- para definir si promulgaba, vetaba u observaba la ley, lo que obligó al Parlamento, en estos dos últimos escenarios, a tomar la palabra.

El texto legal discutido en el hemiciclo impone un giro en la política del sector, otorgándole al Estado un papel más activo en el negocio y estableciendo un nuevo régimen tributario para que el Tesoro General de la Nación se quede con la mitad de los beneficios.

El camino para lograr estas metas, que tuvieron el visto bueno de la población en un referendo realizado en 2004, es la manzana de la discordia entre Mesa y el Congreso.

El mandatario defiende una vía moderada, favorable a negociar con las compañías la firma de nuevos contratos adscritos a los cambios de reglas de juego y a la creación de un impuesto progresivo de 32 por ciento que, sumado a la actual regalía o pago fijo a la producción del 18, genere 50 por ciento deseado.

Los parlamentarios quieren que el tributo de 32 por ciento sea inmediato y que tenga la categoría de regalía, y exigen la migración obligatoria de las empresas a la futura reglamentación, lo que es considerado por Mesa como el argumento que conducirá a Bolivia a tener que defenderse en tribunales internacionales.

Ante este panorama, el presidente resolvió el martes hacer una « observación de carácter conceptual» al conjunto de la normativa, opción que en la práctica tiene el carácter de un veto y en la teoría requerirá de una nueva discusión en el Congreso. Mesa justificó este rechazo por la necesidad de entablar un amplio diálogo nacional que evite la fragmentación de un país estigmatizado por el descrédito de los partidos políticos y la resolución de sus problemas mediante la presión de las protestas callejeras.

Pero también por el creciente desprestigio de un presidente limitado para gobernar sin representación parlamentaria o lograr acuerdos duraderos con los sectores en conflicto, cuyos objetivos se alejan cada vez más del lema de esta nación sudamericana: «Unidad en la diversidad».