Uruguay votó ley para que enfermos terminales puedan interrumpir tratamientos

El Parlamento uruguayo aprobó en una reñida sesión que incluyó una trifulca entre dos diputados una ley que genera un marco legal para que enfermos terminales puedan expresar su voluntad de interrumpir tratamientos médicos, medida cuestionada por organizaciones "defensoras de la vida".

La ley de "Testamento vital", que puso fin a ocho años de discusión parlamentaria, otorga a familiares del enfermo, en caso de que éste no pueda expresarse, la capacidad de decidir poner fin al suministro de medicamentos o funcionamiento de los aparatos que mantienen con vida a su ser querido.

Diputados aprobó la noche del martes la iniciativa en un debate de varias horas, durante el
cual se trenzaron a golpes los diputados Sergio Botana, nacionalista, y Alvaro Vega, oficialista, quienes fueron separados por sus colegas.

La iniciativa obtuvo aprobación con votos de la coalición gobernante, Frente Amplio, y del Partido Colorado, mientras fue rechazada por el Partido Nacional y por el Independiente, cuyos representantes alegaron que el proyecto sufrió cambios en el Senado que "desvirtuaron" la propuesta inicial elaborada por Washington Abdala (Colorado) y José Luis Gallo (Frente Amplio).

"Acá la persona se está muriendo y lo que se propone es que pueda transitar sin dolor y sin encarnizamiento terapéutico", afirmó el diputado Abdala, quien aclaró que la ley "no tiene nada que ver con la eutanasia".

"Las personas deben poder decidir si quieren convertirse en polvo antes de convertirse en un vegetal", añadió el frentista Alvaro Vega.

La norma aprobada por el Parlamento, de 11 artículos, establece que "toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, conciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros".

Asimismo, señala que las personas "tienen derecho de expresar anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen la vida en detrimento de la calidad de la misma, si se encontrare enferma de una patología terminal, incurable e irreversible".

En caso de que el enfermo se encuentre inconsciente y no haya establecido cómo quiere ser tratado en el último tramo de su vida, la ley fija que "la suspensión de tratamientos o procedimientos será una decisión del cónyuge o concubino, o, en su defecto, de los familiares en primer grado de consaguinidad".

En todos los casos el médico deberá comunicar la decisión a la Comisión de Bioética de la institución de salud en la que se tomó la decisión y, si en un plazo de 48 horas esa instancia no se pronuncia, se considerará tácitamente aprobada la suspensión del tratamiento.

En síntesis, la norma considera "el derecho que tiene un individuo de oponerse -llegado el momento y si tuviere una patología que fuera incurable e irreversible y cursara la fase terminal- a la realización de un nuevo tratamiento o nuevas instancias", dijo el médico y diputado Miguel Asqueta, de la Comisión de Salud.

"Esa es la base del proyecto que no habla de suspender ningún tratamiento instituido o medidas paliativas o de sostén", aclaró.

En rechazo a la ley, el vocero de la Mesa Coordinadora Nacional Provida, Néstor Martínez, afirmó que la iniciativa "legaliza la eutanasia" y consideró que el principal "problema" de la norma es que "la voluntad de decidir sobre la vida del paciente recaiga en manos de un tercero".

Martínez cuestionó además la "voluntad anticipada", que consideró "un cheque en blanco que el paciente firma al médico y a la institución médica sobre su vida".