Veinte estados de EEUU demandan al gobierno de Trump por retener fondos destinados a políticas sociales

La amenaza afecta a los llamados estados "santuario", serían aquellos que se oponen abiertamente a las políticas antiinmigrantes.

La demanda se presentó este lunes en el tribunal federal de Rhode Island. 

Una coalición de fiscales generales de 20 estados y Washington, D.C. solicitó a un juez federal que prohíba al Departamento de Justicia retener fondos federales destinados a víctimas de delitos si los estados no cooperan con los esfuerzos de aplicación de control migratorio de la administración de Donald Trump.

La demanda se presentó este lunes en el Tribunal Federal de Rhode Island. En ella se busca impedir que el Departamento de Justicia imponga condiciones que recortarían fondos a un beneficiario si este se niega aplicar las leyes de inmigración civil, niega a las autoridades migratorias federales el acceso a instalaciones o no proporciona aviso previo de las fechas de liberación de individuos posiblemente buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a su estatus migratorio.

Los demandantes de Trump sostienen que excede su autoridad y pone en riesgo la denuncia de crímenes

Según estos demandantes, las condiciones planteadas ponen en peligro servicios esenciales como la vivienda para víctimas de violencia doméstica, la atención médica y el transporte para testigos ante los tribunales. Además, argumentan que los requisitos no están permitidos ni especificados en la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA), y que interferirían con políticas creadas para asegurar que las víctimas y testigos reporten delitos sin temor a la deportación.

Según estos demandantes, las condiciones planteadas ponen en peligro servicios esenciales como la vivienda para víctimas de violencia doméstica, la atención médica y el transporte para testigos ante los tribunales.

“Estas personas no pidieron este estatus como víctimas de delitos. No se dividen claramente a lo largo de líneas partidistas, pero comparten un rasgo común, que es que han sufrido un trauma inimaginable”, expresó el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin en una conferencia de presente el lunes.

Las condiciones federales fueron impuestas sobre los fondos de la Ley VOCA, que proporciona más de 1.000 millones de dólares anualmente a los estados para programas de compensación a víctimas y subvenciones que financian organizaciones de asistencia a víctimas. VOCA cubre el costo de aproximadamente el 75% de los pagos de los programas de compensación estatal.

“El gobierno federal está intentando usar los fondos para víctimas de delitos como una moneda de cambio para obligar a los estados a cumplir con sus órdenes en la aplicación de la ley migratoria”, dijo en un comunicado el lunes la fiscal general de Nueva York, Letitia James.