Venezuela: la oposición colecta dinero para pagar multa de Globovisión

El "Globopotazo" se desarrolla durante todo el fin de semana.

Grupos de oposición y voluntarios civiles iniciaron una colecta nacional con el objeto de reunir fondos que permitan pagar una millonaria multa impuesta a la televisora venezolana Globovisión, que ha sido acusada por el presidente Hugo Chávez de "conspirar" contra su gobierno.

La actividad se realizará durante el fin de semana en Caracas y otras ciudades del país y se espera recaudar dinero para pagar una multa equivalente a 2,32 millones de dólares por supuestos impuestos pendientes.

El llamado "Globopotazo" arrancó en Caracas y estuvo acompañado por el alcalde metropolitano y líder opositor, Antonio Ledezma, quien llamó a la población a respaldan a la televisora.

Ledezma dijo que con su colaboración se convertía en "accionista afectivo" del canal de noticias y puntualizó que la libertad de expresión "no tiene precio".

Los organizadores de la actividad colocaron 35 puestos de recolección en Caracas, mientras que otros tantos funcionarán en otros ciudades.

El dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, Óscar Pérez, promotor de la iniciativa, dijo que la jornada de recolección se prolongará hasta el domingo a la tarde y que el dinero será depositado en un banco, que luego lo transferirá a la cuenta del canal.

Indicó que la iniciativa fue bien recibida por la población ante "una multa arbitraria" que se le aplicó a la planta.

"Cada uno de los venezolanos que dé su aporte será un accionista afectivo de Globovisión", aseveró.

Otras organizaciones políticas se sumarán a la jornada en diversas regiones, mientras que el movimiento de estudiantes universitarios que mantiene una posición adversa al gobierno confirmó que se hará presente en distinta ciudades del país.

El órgano recolector de impuesto (SENIAT) impuso la multa al canal por supuestos tributos que no pagó por los mensajes transmitidos a fines de 2002, durante una huelga general que duró dos meses.

Globovisión se defendió diciendo que se trató de espacios donados a grupos civiles, en una época en que la tensión política redujo los negocios publicitarios.

El gobierno exigió el pago en medio de una cadena de acciones judiciales contra la televisora y contra su dueño, el empresario Guillermo Zuloaga, quien fue acusado de varios cargos.

El caso del canal provocó un pronunciamiento del Departamento de Estado norteamericano, que acusó al gobierno de emprender acciones "agresivas" contra la prensa.