Caracas (Reuters, EFE, ANSA) - La oposición venezolana decidió ayer volver a extender un paro contra el presidente Hugo Chávez, a quien exigen que acepte una consulta popular sobre si debe renunciar inmediatamente para ir a elecciones anticipadas.
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«El pueblo, en ejercicio soberano, continúa el paro cívico nacional iniciado el lunes», dijo Carlos Ortega, presidente de la Confedereacion de Trabajadores de Venezuela (CTV), sin precisar por cuánto tiempo más será extendida la protesta. Esta segunda prórroga caldeará aún más los ánimos de los grupos opositores en momentos en que ambas partes han extremado sus posturas de modo peligroso y ya en la última jornada provocaron disturbios. Efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela debieron dispersar ayer con gases lacrimógenos una protesta de empleados de la petrolera estatal y de adversarios de Chávez.
Cerca de 50 soldados lanzaron gases lacrimógenos frente a la sede administrativa de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en el barrio Chuao de Caracas, donde cientos de opositores manifestaban su apoyo al paro, que parecía tener menor impacto que el lunes. Un soldado justificó a una televisora local la actuación de la guardia porque la manifestación no estaba autorizada.
Por su parte, líderes opositores condenaron la acción contra la manifestación pacífica, en la que gerentes y ejecutivos de PDVSA expresaban su apoyo al paro y denunciaban que están siendo amedrentados y amenazados. El sector petrolero es uno de los decisivos para medir el éxito del paro, puesto que es vital para la economía del país, quinto exportador mundial de crudos.
El gobierno insistió en que las actividades básicas petroleras operaban con «absoluta normalidad». Sin embargo, agentes navieros dijeron que algunos tanqueros que suministran combustible al mercado interno están retrasados porque varios gerentes de PDVSA se mantienen paralizados. La población, nerviosa, ha hecho desde el lunes filas en algunas estaciones de servicio por temor a que pudiera haber desabastecimiento.
El paro, que comenzó el lunes, fue extendido por un día. Los líderes empresariales, sindicales y políticos que lo convocaron advirtieron que, si continuaban las acciones de violencia, podrían prorrogarlo nuevamente.
El cuarto paro contra Chávez en menos de un año, dirigido a presionarlo para que acepte un referendo que pida su renuncia, fue calificado por el gobierno de «ilegal» y un «fracaso».
En la última jornada, el apoyo a la protesta se vio debilitado, con más afluencia de vehículos y un menor número de comercios, colegios e industrias cerrados.
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