Bloqueos limítrofes en San Luis: Justicia los avaló, pero un juez de Córdoba ordenó levantarlos

Nacional

Polémica por las medidas aplicadas por el gobierno puntano para aislar al distrito de casos de coronavirus. Ruralistas y transportistas cordobeses fueron a la Justicia. Fallos encontrados.

El juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda avaló la medida cautelar impuesta por el Gobierno provincial y dictaminó que se “respeten” todas las medidas adoptadas por el Ejecutivo puntano para el ingreso y egreso de los camiones a la provincia debido a la pandemia de coronavirus. En simultáneo, otro juez federal, en este caso cordobés, dictó una resolución en sentido contrario y ordenó al gobierno de Alberto Rodríguez Saá levantar los bloqueos, haciendo lugar de esta manera a la medida cautelar presentada por las sociedades rurales de Río Cuarto y Vicuña Mackena, la Asociación Civil de Transportistas y el Consorcio Caminero de Achiras .

La resolución judicial cordobesa “ordena al señor Gobernador de la Provincia de San Luis, que arbitre los medios pertinentes para proceder a la apertura y circulación de la Ruta Nacional Nro. 8, Ruta Provincial Nro. 30 y los respectivos caminos vecinales, que se dan en el límite entre la Provincia de Córdoba y San Luis”.

El dictamen destaca que “el Estado Provincial tiene el deber de establecer su accionar frente a la pandemia de Covid-19 teniendo en cuenta dos conceptos fundamentales: por un lado, que el derecho a la vida constituye un primer derecho natural de la persona, preexistente a toda legislación positiva; a lo que deben sumarse los deberes del Estado Provincial: combatir las pandemias y garantizar el derecho a la salud”.

Por su parte, la decisión de la Justicia puntana avala los protocolos establecido por el Comité de Crisis de San Luis para el ingreso y egreso de transporte a la provincia en el marco de la pandemia por Covid-19.

Estos protocolos dictaminan que, cualquier medio de transporte que ingrese a la provincia debe hacer bajo estrictas normas de bioseguridad sanitaria, ir a los centros de distribución destinados para la cargas y descargas, no mantener contacto con los empleados de dichos centros y permanecer en ese lugar para descanso si fuese necesario.

Afirma “que las medidas implementadas en la provincia de San Luis de manera temprana han sido fundamentales para contener los brotes, logrando un estatus epidemiológico sin transmisión comunitaria, y que teniendo en cuenta la dinámica de la transmisión del virus, las mismas resultan temporarias, en cuanto son contestes y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta cada jurisdicción, pudiendo ser dejadas sin efecto, si se detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario”.

En otra parte del dictamen destaca que “el Estado provincial tiene el deber de establecer su accionar frente a la pandemia de COVID-19 teniendo en cuenta dos conceptos fundamentales: por un lado, que el derecho a la vida constituye un primer derecho natural de la persona, preexistente a toda legislación positiva; a lo que deben sumarse los deberes del Estado provincial: combatir las pandemias y garantizar el derecho a la salud en los términos del art. 57 de la Constitución Provincial que transcribe”.

Eduardo Allende, fiscal de Estado de San Luis, aseguró que, contrariamente a lo que indican los productores y transportistas, en la Provincia "no se ha restringido la circulación por las rutas nacionales" y que, por lo tanto, no corresponde que el amparo colectivo haya sido tramitado en el Juzgado Federal de Río Cuarto.

El recurso de amparo colectivo fue presentado en las últimas horas por ruralistas, productores y transportistas de Rio Cuarto, Córdoba. En su denuncia consideraron que la norma, que impone restricciones para contener la propagación de la pandemia, lesiona "con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, los derechos constitucionales de entrar, permanecer, transitar, usar y disponer de la propiedad, ejercer industria lícita, comerciar y profesar el culto, de cientos de ciudadanos y productores".

En ese marco, indicaron que se "ha prohibido el acceso" por la ruta provincial 30 que une La Punilla, en San Luis, con Río Cuarto (Córdoba), y resaltaron "las graves consecuencias" que esa decisión tiene para la población de las localidades de Achiras, Río Cuarto y Vicuña Mackenna, entre otras.

Además, indicaron que el tránsito en la ruta nacional 8 está "bloqueado, con directa afectación" a la población de Sampacho, Suco y Chaján, de Córdoba que mantiene vinculación con Villa Mercedes

En ese sentido, el fiscal puntano dijo que "al ser un reclamo de vecinos de una provincia contra otra jurisdicción, entendemos que la causa la debería tramitar la Corte Suprema de Justicia". Y agregó que, al ser una acción del Gobierno de San Luis, "correspondería que lo trate el Juzgado Federal de San Luis.

Asimismo, Allende aclaró que las medidas tomadas a raíz de la pandemia no implican una vulneración de la Constitución Nacional ya que, "ante una situación de emergencia, los derechos y garantías constitucionales se restringen para resguardar la salud".

Por último, detalló que los transportistas que deben cruzar la provincia para unir dos distritos, "pueden transitar por las rutas puntanas con medidas de seguridad que aplica el Gobierno" provincial.

Recordó que quienes ingresen a San Luis en el marco de la emergencia sanitaria tienen "la obligatoriedad de cumplir la cuarentena" o presentar el certificado de negatividad de Covid-19 que exige el Comité de Crisis provincial.

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