Vicentin: acreedores granarios rechazan la oferta de Grassi y denuncian condiciones "abusivas y discriminatorias"

Un grupo de productores presentó una objeción judicial contra el plan de la corredora rosarina. Sostienen que la propuesta viola la Ley de Concursos y Quiebras y que impone un recupero peor al que correspondería en caso de quiebra.

Vicentin entró en default en diciembre de 2019 con deudas de alrededor de u$s1.500 millones. 

El cramdown de Vicentin atraviesa un nuevo capítulo de tensión. A un mes de la fecha límite para definir si la compañía logra un rescate o se encamina a la quiebra, un grupo de acreedores granarios cuestionó ante la Justicia la propuesta del Grupo Grassi, la primera que se presentó en forma concreta en el proceso. En un escrito elevado al juez concursal Fabián Lorenzini, los productores sostuvieron que el plan contiene cláusulas “abusivas y discriminatorias” que vulneran derechos básicos de los acreedores y podrían invalidar su homologación.

La presentación fue realizada por el abogado Mateo Germán Schott en representación de siete acreedores quirografarios. En el documento, se advierte que la oferta de Grassi contempla un dividendo “claramente inferior” al que correspondería en caso de liquidación de los activos de la agroexportadora. El punto más controvertido es el diseño de una “propuesta residual”, en la cual quedarían automáticamente incluidos los acreedores que no opten expresamente por ninguna de las alternativas ofrecidas en el menú de pago.

El núcleo del conflicto: la “propuesta residual”

De acuerdo con el planteo judicial, esta modalidad implica que quienes no adhieran al plan de Grassi quedarían sujetos a cobrar apenas el 40% de su crédito, distribuido en diez cuotas anuales. Las primeras nueve representarían un recupero ínfimo, menos del 1% del monto reconocido por año, mientras que la última cuota, que recién se abonaría en 2036, concentraría el grueso del pago. Para colmo, el esquema solo prevé un interés del 1,2% anual en dólares, a partir del segundo año y sin capitalización.

Según los cálculos de los demandantes, esta fórmula equivale en la práctica a una quita real de entre el 93% y el 97% del crédito, un resultado que, advierte, violaría el principio legal que obliga a garantizar a los acreedores un recupero no inferior al de la quiebra. “El plan castiga a quienes no se expresen a tiempo, forzándolos a aceptar la peor alternativa”, señaló la presentación.

La objeción también remarca que el diseño vicia la voluntad de los acreedores y restringe su libertad de elección. “Se transmite un mensaje implícito: si no se firma rápido, el acreedor quedará atrapado en la peor opción del menú. Eso afecta la transparencia del proceso y constituye un condicionamiento inaceptable”, agrega el escrito.

El activo más importante que tiene actualmente Vicentin es su terminal portuaria y plantas de procesamiento.

Grassi bajo presión en plena carrera concursal

La crítica golpea en el corazón de la estrategia de Grassi, que buscaba diferenciarse con un plan que promete recuperos inéditos de hasta el 200% para quienes acompañen con granos o financiamiento. Tal como había detallado la compañía, la propuesta se estructura en torno a la conversión de las deudas en pesos a dólares al tipo de cambio vigente en febrero de 2020, un menú de opciones para acreedores y beneficios especiales para los que apuesten a sostener la continuidad operativa junto con Cargill, su socio estratégico.

El problema, según los acreedores objetantes, es que el atractivo de las mejores alternativas se contrapone con el castigo a los disidentes, generando un trato desigual que la Ley de Concursos y Quiebras prohíbe expresamente. Para Schott, ninguna propuesta puede ser homologada si contempla un recupero peor que el de la liquidación ni si discrimina a los acreedores que no prestan conformidad.

Una pulseada que define el futuro del agroexportador

El cuestionamiento a la oferta de Grassi se da en un escenario donde otros gigantes del sector también preparan sus propuestas. En la recta final del cramdown están habilitados para competir Bunge (junto con Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas), y la alianza de Molinos Agro con Louis Dreyfus Company (LDC). Todos ellos buscan quedarse con los activos estratégicos de Vicentin, que incluyen plantas en Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, además de terminales portuarias clave para el comercio exterior argentino.

El atractivo, como ratificó la última valuación judicial, no está en las acciones, que no tienen valor, sino en el control de instalaciones que pueden redefinir el mapa agroexportador. Sin embargo, el futuro dueño deberá afrontar no solo el desafío financiero, sino también la reactivación industrial de plantas hoy deterioradas y con capacidad restringida, lo que añade presión a cualquier plan de rescate.

Carrera contra el tiempo

El juez Lorenzini fijó como plazo máximo el 31 de octubre para reunir las mayorías necesarias: más del 50% de los acreedores en número y dos tercios del capital adeudado. El 24 de ese mes se realizará una audiencia informativa en Reconquista, en la que se medirán las posiciones.

La objeción presentada por los acreedores granarios abre un flanco de incertidumbre sobre la viabilidad de la propuesta de Grassi, que hasta ahora era la única en firme y contaba con el respaldo de un fideicomiso que agrupa a más de 70 empresas productivas y también acreedores de Vicentin. El juez deberá evaluar si los cuestionamientos prosperan y, en última instancia, si el plan puede ser homologado bajo las condiciones actuales.

En este contexto, la pulseada por el control de Vicentin se complejiza aún más. A la lucha de titanes entre grandes jugadores internacionales se suma ahora la resistencia de productores locales, que buscan evitar lo que consideran un esquema de recupero desventajoso y contrario a la ley. El desenlace, que se conocerá en las próximas semanas, no solo definirá el destino de la empresa santafesina, sino también el equilibrio de poder en uno de los negocios más estratégicos de la economía argentina.