La pandemia ha provocado en el mundo un cimbronazo económico y social que ha puesto, en pie de igualdad y a merced del virus, a toda la población del planeta, poniendo en evidencia todos los conflictos subyacentes que empiezan a emerger en el marco de la crisis global.
Una distribución federal equitativa de los recursos fiscales para la construcción de una sociedad más justa y solidaria
La pandemia ha provocado en el mundo un cimbronazo económico y social que ha puesto en evidencia todos los conflictos subyacentes que empiezan a emerger en el marco de la crisis global.
Una distribución federal equitativa de los recursos fiscales para la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
El régimen de coparticipación encuentra su fundamento en la distribución de competencias tributarias entre la Nación y las Provincias que establece la Constitución, siendo su objeto estructurar un espacio institucional de concertación federal desde donde se diseñe, en un marco de participación igualitaria, la matriz tributaria y la pauta distributiva de los fondos recaudados; posibilitando que se contemple en dicha matriz, no sólo los datos duros del Producto Bruto y población de cada jurisdicción, sino también los indicadores de pobreza y desarrollo social y económico, de manera tal de propender a una distribución más equilibrada de los recursos.
El Decreto N° 194/06 debió tener por objeto reasignar al Gobierno de la Ciudad solo los recursos necesarios para afrontar el Convenio, que fuera suscripto entre el ex jefe de Gobierno y entonces presidente y el actual el Jefe del Gobierno de la C.A.B.A. con fecha 05/01/2016, de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En lugar de ello, determinó en forma arbitraria, una asignación de recursos no debidamente justificada en relación al objeto de afrontar las estrictas necesidades presupuestarias de los servicios transferidos.
En la circunstancia en que se exterioriza el reciente y tumultuoso reclamo policial y se visibiliza que las fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires tenían escalas retributivas y servicios sociales sensiblemente inferiores a los de la policía del otro lado de la Av. Gral. Paz, se procedió al dictado del Decreto N° 735/2020 que viene a salvar una injusticia consumada, en un marco de manifiesta escasez de recursos, agravada por la pandemia inesperada, ajustando la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un coeficiente equivalente al real nivel que corresponde de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 23.548, con más la correspondiente asignación de recursos por las funciones transferidas.
Soy un porteño orgulloso de su ciudad, pero consciente de que la seguridad de sus habitantes está integrada indisolublemente a la de los bonaerenses, por lo que no pueden coexistir cuerpos policiales con asignaciones de recursos inequitativas. Esto conspira contra la seguridad integral y debilita la capacidad de defensa del cuerpo social.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires exhibe el segundo presupuesto más importante del país en un territorio de 203 km2 en contraposición a la Provincia de Buenos Aires cuya superficie es de 307.571 km2 y el presupuesto policial per cápita de la primera es de $106.472 millones mientras que el de la segunda es de $53.509 millones. A título de ejemplo, para tener una proporción similar de policías por habitante como la C.A.B.A, La Matanza debería contar con 11.000 efectivos adicionales.
La realidad y el mandato de nuestra Constitución, nos pone ante la discusión postergada más importante de la Argentina Federal.
(*) Director del Banco de la Nación Argentina, Ex Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Convención Constituyente y Ex Director General de Rentas
- Temas
- Ciudad
- distribución
- Buenos Aires
Dejá tu comentario