Memoria activa 2001 (quinta parte)

Opiniones

A pesar del acuerdo con los gobernadores, que en el esquema de Domingo Cavallo lucía imprescindible para mantener el déficit cero en el último trimestre de 2001, se hacía prácticamente imposible debido al persistente desplome de la recaudación. Ingresaban unos $ 1.200 millones menos de lo que esperaba el ministro y, apremiaba la mayor carga de intereses de la deuda que se producía en el período.

El gravísimo inconveniente tuvo su manifestación en octubre 2001 cuando por primera vez desde que se había anunciado, no pudo cumplirse con el déficit cero y el Tesoro Nacional registró un desequilibrio de $ 680 millones, superior en $ 60 millones al observado en el mismo mes de 2020. Traspasado el déficit y viendo el desmoronamiento de la recaudación, Cavallo resolvió adoptar la Decisión Administrativa 228/01, que procuraba obtener un ahorro bruto adicional de $ 1.700 millones en las distintas partidas presupuestarias para el último trimestre de 2001, extendiendo el recorte a todas las partidas que no fueran sueldos, jubilaciones y pensiones.

La medida abarcaba los poderes Legislativo, que tendría para gastar $56 millones menos de un presupuesto de $ 70 millones y el Poder Judicial: $ 19 millones por debajo de su presupuesto de $ 90 millones para el último trimestre. Pese a las duras medidas de ajuste aplicadas (necesarias según Patricia Bullrich-otra technopol), el desequilibrio de los $ 1.350 millones que se preveía por encima del déficit pactado con el FMI para2001, abría reservados enigmas sobre la posibilidad de mantener el déficit cero en 2002, aún con el ahorro de recursos obtenido mediante el acuerdo con las provincias, un exitoso canje de deuda, y el impulso de decisiones drásticas como la eliminación del Fondo de Incentivo Docente.

Es que la economía es una abstracción en esos términos, pero ellos estaban (Cavallo-Patricia Bullrich) estaban convencidos que si resolvían esas cuestiones, aunque calidad de vida ya era pésima y se destruyera del todo, las cosas irían bien.

TECNÓCRATAS Y TECHNOPOLS

En los estudios de los regímenes políticos latinoamericanos hay una problematización del rol de las élites tecnocráticas en los gobiernos. Una de las reflexiones pioneras fue la del politólogo argentino Guillermo O’Donnell en su conocida investigación sobre el estado burocrático- autoritario (O’Donnell 1982, 1975). Desde sus primeras elaboraciones, el autor utilizó esta categoría para referirse a regímenes socialmente excluyentes, producto de golpes de estado con ruptura del orden constitucional, sin competencia electoral y con control y represión de la participación política de los sectores populares, en los cuales los actores principales de la coalición emergente son los tecnócratas de alto nivel, tanto militares como civiles, dentro y de fuera del estado.

Estos tecnócratas, dice Guillermo O’Donnell, entran en estrecha asociación con los capitales extranjeros. Los casos que inspiraron al autor en su conceptualización del estado burocrático autoritario fueron la dictadura iniciada en Brasil a partir de 1964, la Argentina de las dictaduras de Onganía y Lanusse entre 1966 y 1972, la dictadura de Pinochet, iniciada en 1973 hasta 1990 (aunque la investigación de O’Donnell abarcó sus primeros años y no la totalidad del período), y el proceso similar sufrido en Uruguay por aquellos años.

Naturalmente, la dictadura cívico-militar argentina entre 1976 y 1983 también entró en la caracterización o'donnelliana del autoritarismo burocrático. Categoría que se utilizó, luego, para estudiar regímenes autoritarios fuera de la América del Sur, que han incluido diversos momentos del franquismo o las administraciones del PRI en México. Para O’Donnell, el modelo burocrático autoritario es un producto de la promoción de la industrialización avanzada. En su ya clásica formulación, el autor identifica tres momentos o dimensiones cruciales de la modernización socioeconómica, que se interrelacionan políticamente: (i) la industrialización, sobre todo la transición inicial hacia la producción de bienes de consumo y la subsiguiente profundización, que incluye la producción de bienes intermedios y de capital; (ii) la activación política de los sectores populares; (iii) el crecimiento de los "roles tecnocráticos" en las burocracias privadas y públicas.

Estos roles tecnocráticos serían consecuencia de la relación entre Estado y Sociedad que emana del régimen. Los altos niveles de diferenciación social que acompañaban a la industrialización condujeron también a una ampliación del papel de los tecnócratas en la sociedad, tanto en el sector privado como en las burocracias civiles y militares del sector público. Estos tecnócratas tienen un bajo nivel de tolerancia hacia las continuas crisis políticas y económicas, y los altos niveles de politización del sector popular los perciben como un obstáculo al crecimiento económico. Entre los militares, esta nueva orientación tecnocrática se refleja en lo que se ha denominado “nuevo profesionalismo”, dirigido a la intervención militar activa en la vida política, económica y social.

En el régimen burocrático autoritario explicado por O’Donnell, el aumento de la comunicación entre los tecnócratas militares y civiles, y la creciente frustración de ambos ante las condiciones políticas y económicas existentes estimula el surgimiento de una coalición golpista que, en última instancia, establece el sistema burocrático-autoritario represivo con el objetivo de poner fin a la crisis política y económica. De esta forma, la relación entre los roles tecnocráticos y la deriva autoritaria parece inevitable.

Por eso, concluye O’Donnell, el éxito de la transición es crucial para el de estos sistemas en sus propios términos. Lo que explicaría el contraste entre la experiencia brasileña posterior a 1964 y la experiencia argentina posterior a 1966; cuando las crisis previas al golpe son muy intensas y la nueva coalición tecnocrática las percibe como una amenaza importante al orden establecido, como sucedió en Brasil, la nueva coalición está más cohesionada y es más capaz de mantener el control político frente a esas presiones internas.

El ascenso de los empresarios nacionales acaba produciéndose, pero sólo cuando la garantía de estabilidad económica y política a corto plazo ha asegurado grandes inyecciones de capital extranjero. Eso era impensable en 2001, cuando los camiones amarillos desfilaban por la Ruta Nacional A002 Autopista Teniente General Pablo Riccheri, rumbo a Ezeiza, el Aeropuerto Internacional.

Continuara mañana.

(*) Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani

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