En EEUU la información clave, la valentía y los datos tienen un premio alto

Con las leyes que premian y protegen a los denunciantes, en Norteamérica se logró detectar grandes fraudes que impactaron fuertemente en la recaudación estatal, y también en las cuentas bancarias de quienes se animan a contar lo que saben.

Imagen de Peter Wiberg en Pixabay

En materias de legislación para favorecer y proteger la información acercada por denunciantes, Estados Unidos es uno de los países que marca el rumbo. Y esto no es porque sí, sino porque han evaluado los resultados. Entre 1986 y 2016 el gobierno de esa nación investigó y persiguió casos de fraude en su contra y pudo recuperar u$s 15.347 mil millones robados al Estado. Ahora bien, en ese mismo período, con la ayuda de denunciantes, recobró u$s 37.685 mil millones. Es decir, mediante las denuncias de ciudadanos, empleados de empresas, proveedores, clientes o terceros se logró recaudar más del doble de dinero que con las investigaciones propias de los organismos de contralor del Estado. Esto muestra a las claras la potencia de los mecanismos de denuncia implementados por el Estado y sus efectos sobre las finanzas públicas.

¿Cómo es esto posible? Gracias a las recompensas que reciben quienes se arriesgan a sacar a la luz información sobre delitos contra el gobierno del país, ellos son premiados con una cifra cuantiosa para que puedan subsistir sin depender de su puesto de trabajo al momento de hacer la denuncia. Por todo esto, en los Estados Unidos, alertar sobre una estafa puede ser sumamente rentable. Mientras en el Norte sucede esto, en América Latina la ausencia de recompensas más los castigos a quienes denuncian se vuelven un obstáculo para que la verdad salga a la luz. Sin embargo, y pese a todas estas trabas, las líneas de denuncia que implementan las firmas reciben cada año más llamados de quienes buscan poner un freno a delitos o fraudes dentro de sus organizaciones. Entonces, nos preguntamos qué sucedería con una legislación que fomente estas prácticas.

En los Estados Unidos, gracias a la presión ejercida por la Internal Revenue Service (IRS), la ley de los denunciantes dio un vuelco en lo que es la historia de los fraudes. Así, por ejemplo, se han pagado u$s 14 millones al denunciante anónimo que dio los datos precisos para terminar con una estafa de u$s 155 millones padecido por 250 ciudadanos chinos, quienes, a su vez, recuperaron todas sus pertenencias.

Las normas estipulan el máximo de dinero que se le puede pagar al denunciante: 30% de la cantidad recuperada, tanto en bienes como en valores de cambio. El máximo representante de cómo puede cambiar la vida de quien denuncia es Bradley Birkenfeld. Antes de su filtración, este ciudadano norteamericano era directivo en la importante UBS, la firma suiza de servicios financieros. Ahora, es conocido por ser el denunciante que recibió la recompensa más grande que se pagó en la historia mundial a una sola persona.

¿Cuánto le pagó la IRS a este ejecutivo? En total fueron u$s 104 millones, que los recibió por haber denunciado un sistema de evasión de capitales de la entidad donde trabajaba. Gracias a su honesto accionar, el gobierno estadounidense recuperó u$s 780 millones, y las normativas de los bancos en Suiza sobre transparencia fiscal cambiaron.

Luego de la denuncia, el país europeo transformó su orgullo por proveer a clientes de cuentas totalmente secretas a no volver a abrir una sola que fuera ilegal. El resultado de la denuncia de Birkenfeld no fue solo el freno al fraude por él denunciado, sino también la mayor repatriación de dinero escondido en aquel paraíso fiscal, lo que redundó en la mayor recaudación de impuestos atrasados, multas y sanciones de la historia de EEUU: 13,7 mil millones de dólares.

Mientras tanto, en Latinoamérica aun no existen estos sistemas de incentivos para proteger y premiar a los denunciantes y el dinero robado por corrupción, evasión u otros delitos como los ambientales; los valores no son recuperados o, si se lo hace, como en la Argentina, el monto es ínfimo en relación a lo usurpado.

(*) CEO de Resguarda.