Drogas es un delito que no sirve provincializar

Esta semana cobró vigor una vieja idea impulsada por las autoridades de la provincia de Buenos Aires orientada a desfederalizar algunos aspectos del combate al tráfico de drogas en la Argentina. Concretamente, días atrás un número importante de intendentes del conurbano bonaerense impulsó en el Senado de la Nación el proyecto que reconoce jurisdicción de la Justicia local en asuntos referidos al consumo y a la venta al «menudeo» con el fin de agilizar «el tratamiento de los centenares de casos que se desarrollan diariamente en viviendas, plazas o quioscos», según expresiones oficiales.

Más allá de las buenas intenciones que empujan esta política de desfederalización parcial del narcotráfico, debemos preservarnos de creer que su implementación comportará, por sí sola, un avance en la lucha contra al tráfico de drogas en nuestro país. En primer lugar, el narcotráfico es quizás, junto con el terrorismo, el ejemplo paradigmático de delito federal, esto es, de un delito que por su naturaleza, funcionamiento y organización requiere la atención de autoridades interjurisdiccionales (nacionales) antes que locales, so pena de ser ineficaz en su combate.

• Sin cartelización

En segundo lugar, la principal característica del tráfico de drogas en la Argentina es que la oferta aún no se encuentra cartelizada. Esto significa que toda la cadena de producción, transporte y venta no responde a una única organización (cartel monopólico) o a pocas (cartelización oligopólica). Por el contrario, esa cadena es operada por un conjunto de organizaciones que no se estructuran sobre la base de relaciones jerárquicas ni han producido una división del trabajo distribuyendo distintos roles en cada una de las organizaciones.

Este hecho, en tercer lugar, dificulta la investigación criminal y atenúa el impacto sobre la organización del desbaratamiento de los eslabones de comercialización al detalle, esto es el microtráfico. Ya que la organización y el funcionamiento de la comercialización de drogas son bastante anárquicas, horizontales y operan en forma de red, eliminar los puestos de venta «minorista» genera un impacto insignificante sobre el funcionamiento del conjunto de la comercialización.

Finalmente, no es que se está transfiriendo una competencia de los juzgados federales que se encuentran colapsados a los juzgados provinciales que no lo están, como en el caso de la transferencia realizada a la Justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires en los casos de portación de arma de uso civil. Por el contrario, se estaría transfiriendo carga de trabajo de juzgados federales congestionados a juzgados provinciales más congestionados aún. No se percibe, entonces, cuál sería la ventaja de tal transferencia. Lo dicho relativiza, entonces, el impacto que pueda tener aceptar la jurisdicción local sobre los casos de consumo y microtráfico. De hecho, la experiencia internacional exitosa al respecto va en sentido contrario. En efecto, focalizar los (pocos) recursos policiales y judiciales en el último eslabón genera un impacto sobre el sistema criminal en su conjunto proporcional a la importancia del eslabón que se elimina. La venta al detalle es el eslabón más irrelevante de todo el sistema, de allí que las políticas que se centran en éste generen ese impacto, o sea, resulten de menor importancia. Es parte del riesgo del negocio del narcotraficante saber que cada tanto se pierde un puesto de venta por acción policial/ judicial. De allí la alta rentabilidad del negocio. Por el contrario, uno de los puntos neurálgicos del sistema son, por ejemplo, las «cocinas» que están proliferando en el conurbano, en donde se realiza el último proceso químico de la pasta base de cocaína. Este es un eslabón donde debería concentrarse la actuación estatal, pues sin cocinas ni precursores químicos, se reduciría enormemente la oferta de cocaína en el conurbano. Por los motivos expuestos, la desfederalización del microtráfico no reemplazará ni ocupará el espacio vacío dejado por la ausencia de política nacional de lucha contra el narcotráfico.

(*) Politólogo. Especialista en seguridad ciudadana. Ex subsecretario de Planificación y Logística de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.