12 de octubre 2004 - 00:00

El canje con las AFJP perjudica a afiliados

El proceso de reestructuración de deuda está por alcanzar su punto culminante y gran parte de la apuesta del gobierno para un buen porcentaje de adhesión pasa por la decisión tomada por las AFJP, que tienen alrededor de 17% de los títulos en cesación de pagos. En este sentido, el gobierno puso en juego todos los mecanismos de presión para lograr que acepten el bono Cuasi Par. Este papel está diseñado especialmente para ellas y tiene condiciones que lo hacen poco atractivo para los restantes acreedores, comparados con las otras alternativas lanzadas.

El gobierno dice que no puede discriminar entre acreedores y, por eso, debe incluir los aportes para la vejez que están en Préstamos Garantizados (PG) en el proceso de reestructuración. Sin embargo, les «propone» a las administradoras aceptar « voluntariamente» un papel que otros inversores no aceptarían
. Se podría argumentar que éstas tienen la posibilidad de tomar bonos que les sean más atractivos desde el punto de vista del rendimiento futuro, aunque esto implicase un mayor plazo de espera para cobrar. Sin embargo, ése no es el caso del Cuasi Par, ya que a pesar del estiramiento de plazos que supone, ya que comienza a pagar dentro de 32 años y lo hace por otros 10 años más, aceptarlos en canje por PG en dólares implica también una pérdida de capital consistente en la pesificación a $ 1,40 más CER por cada dólar y, encima, una reducción de la tasa de interés. Es decir, todos costos y ninguna mejora. Para los aportantes no es un dato menor; ya que los PG implican algo más de la mitad de los fondos ahorrados hasta ahora para su vejez.

• Conclusión

Tampoco parece acorde con las declamaciones de «trato igualitario para todo los acreedores» el igualar los PG en cartera de las AFJP con el resto de los títulos de deuda. Para entenderlo, es bueno recordar que en 2001, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, les ofreció a los tenedores de títulos del gobierno argentino canjearlos por PG en la misma moneda, de menor tasa de interés y mayor plazo. El beneficio que tenían es que garantizaban el pago de sus vencimientos con recaudación tributaria. Cuando el Estado no pagara, el Banco Central debía retener los impuestos y enfrentar con ellos los vencimientos impagos. Las AFJP los canjearon por PG, perdiendo rendimiento y plazo (valor económico) a cambio de seguridad, mientras otros acreedores prefirieron no hacerlo.

Luego de la devaluación, el gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde decidió pesificar los PG en dólares y que a quienes no lo aceptaran se les dejara de pagar. Ante esta violación de los derechos de los aportantes, las administradoras presentaron recursos administrativos para exigir el pago en la moneda de origen. Al mismo tiempo, el Banco Central, a cargo de Alfonso Prat-Gay, no retuvo lo recaudado por impuestos para efectuar los pagos de los PG no pesificados que el gobierno no honraba. Conclusión, no corresponde que las tenencias de PG sean tratadas en forma similar a la de las de los restantes tenedores de títulos en cesación de pagos, porque no lo son. Por ello, sólo la parte de títulos públicos no garantizados que tienen las AFJP deberían tener un tratamiento equivalente al de los restantes acreedores.

Sin embargo, se decidió que las LETES que el ministro Cavallo «indujo» a comprar a las AFJP en 2001 sean canjeadas por BODEN a su valor de paridad, como premio por ingresar en el canje. Esto nuevamente violaría el tan mentado concepto de «trato igualitario de los acreedores». Por lo tanto, queda claro que dicho principio rector se usó como una mera excusa solamente porque le convenía al gobierno para maximizar la quita sobre el total de deuda, a costa de nuestras jubilaciones futuras.

Para poder aceptar el canjeoficial sin el riesgo de enfrentar acciones judiciales de parte de los aportantes, una posibilidad era que las AFJP recibieran un título en dólares, con garantía tributaria y que no presentara una gran desmejora respecto de los PG sin pesificar que tienen en cartera. La otra alternativa era que las administradoras demandaran judicialmente al Estado y al Banco Central por no haber cumplido con lo comprometido en el PG y exigirles que lo hagan. Debe tenerse en cuenta que llevan casi tres años esperando por un fallo judicial sobre la « pesificación» de sus depósitos en dólares y no saben cuánto más deberán esperar.

Además, el PEN acordó que los nuevos títulos se depositen en cuentas donde cotizarán a su valor técnico y no a su valor de mercado, que es muchísimo menor.
Se intenta disfrazar el manotazo que el Estado está dándoles a los recursos de los que dependen nuestras futuras jubilaciones y, de esa forma, engañar a los aportantes para que no inicien juicios.

• Pérdida

Con este mecanismo, los que se jubilen pronto no perderán tanto, solamente alrededor de 30% de la mitad de lo que llevan acumulado. Sin embargo, aquellos que lleguen a la etapa pasiva más tarde perderán dicho 15% del total de sus ahorros acumulados para la vejez hasta hoy, más la diferencia con la verdadera cotización de mercado, que será mucho menor. Además, perderán también por sus aportes mientras dure la contabilización a valor técnico. Durante ese lapso, los que se jubilen recibirán sus fondos de los pagos que se hagan al sistema, evitando vender esos papeles sobrevaluados. Así, los que siguen aportando estarán comprando deuda pública cara y, por lo tanto, obtendrán un menor rendimiento que el posible de su ahorro y tendrán, por esa parte, una menor jubilación futura de la que deberían tener.

Es increíble ver cómo se tapan errores anteriores con nuevos errores que violan otros tantos derechos de los ciudadanos y bastardean el sistema de capitalización, cuando la solución real era mucho más sencilla.
Tratar a los PG como una acreencia distinta, porque efectivamente lo son. Debió ofrecérseles a las AFJP un papel a un plazo largo (35 años) y que empiece a pagar intereses dentro de unos 5 años, cuando estén ya superados los vencimientos más gruesos de la deuda que no está en default. Además, el pago del capital pudo haber empezado dentro de 15 o 20 años, ya que difícilmente las administradoras necesiten dichos recursos antes de tal momento. Además, se podían haber mantenido la moneda y la garantía originales.

(*) Economista. Director de Exante

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