"Fallo de la Corte también afectará a los particulares"
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Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
Periodista: Usted fue uno de los que más habló en la entrevista con el ministro Carlos Tomada. ¿Qué panorama le mostró?
Carlos Wagner: Primero, déjeme decirle que el fallo de la Corte es constitucional y ajustado a derecho; hoy el juez determina el importe de la responsabilidad civil. Pero esto crea una situación crítica, porque al no estar tarifado y no estar cuantificado de antemano el valor de un accidente, es imposible encontrar una compañía de seguros que emita una póliza. Esto originó en su momento la necesidad de crear las ART...
P.: ¿Qué solución ven ustedes a esta situación?
C.W.: Creo -y así se lo planteamos a Tomada-que debe haber tarifas para la reparación integral de los accidentes de trabajo. Esto sucede en Estados Unidos, en España, en general en todos los países desarrollados. Si hay un valor máximo prefijado para cada contingencia, las empresas de seguros pueden calcular cuánto deberán cobrar de prima para emitir esas pólizas, que seguramente no serán baratas pero al menos empresarios, trabajadores y jueces sabrán en qué terreno se mueven.
P.: ¿Por qué dicen ustedes que la construcción se detiene en caso de que no se modifique esta situación?
C.W.: Primero, no estamos solos: el agro, por caso, sufre muchos accidentes, casi tantos como nosotros. Pero además, un fallo reciente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires determinó que la construcción es de por sí una «actividad riesgosa». Esto significa que, aún cuando el empresario cumpla 100% con todas las normas de seguridad, con lo que le marca la ART y la autoridad de aplicación, siempre será culpable de los accidentes justamente por «invitar» a los trabajadores a una «actividad riesgosa».
P.: Pero si hay negligencia del empleador, es lógico que pague...
C.W.: Totalmente de acuerdo, pero lo que marca este fallo es que los constructores siempre somos culpables, aún cuando demostremos que no lo somos. Porque además está invertida la carga de la prueba: el empleador debe demostrar que no tiene culpa. Creemos, y así se lo pedimos al ministro, que debería dictarse una nueva ley volviendo a poner la carga de la prueba en el accidentado.
C.W.: El ministro se limitó a escucharnos y a prometernos que considerará nuestras propuestas. Brasil, por caso, decidió distribuir la carga de las indemnizaciones en toda la sociedad, para que no sea devastador para las empresas. En general se retiene -o se aplica una carga social-de entre 2% y 5% sobre todos los salarios, y se forma un fondo con el que se afrontan las indemnizaciones que fijan los jueces por encima de lo que pueden pagar los empleadores.
P.: ¿Es verdad, entonces, que podría detenerse la construcción en función del actual marco de inseguridad jurídica?
C.W.: Mire, es más complicado que eso... La gente no se da cuenta del alcance de esta situación. Si alguien reforma su casa, o un consorcio pinta el edificio, y tienen la mala suerte de que un operario sufre un accidente, deberán hacer frente a una indemnización que hoy, como está la legislación, no tiene más límite que el que fije el juez. Además, estadísticamente, hay muchos más accidentes «in interim» (en el trayecto a y desde el lugar de trabajo) que en el lugar mismo. Hay que hacer algo urgente, además para que no se siga acumulando el stock de juicios (son 20.000) de gente que en su momento cobró de la ART, pero hizo reserva de derechos.
P.: Pero convendrá conmigo que los montos indemnizatorios vigentes son bajos...
C.W.: Bueno, que se los suba entonces, pero sepamos que las ART también serán más caras.
Entrevista de Sergio Dattilo




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