Hace falta nuevo foro para discutir la coparticipación

El tema más actual de debate ciudadano es, sin duda, la coparticipación. No podemos ignorar la importancia que tiene el tema, porque no se trata de una mera «distribución de fondos», sino del manejo de herramientas fundamentales para el desarrollo del país y, por ende, de cada región.

Dada la actual disparidad entre las distintas provincias en número de habitantes, bases estructurales para la producción, desarrollo en educación, salud, etc., no resulta fácil encontrar el parámetro que permita una asignación clara y equitativa de los recursos. El primer parámetro sería claramente el más injusto: por ejemplo, el número de habitantes de cada provincia. Baste preguntarnos por qué algunas provincias tienen una densidad de población mayor que otras que quedaron prácticamente «despobladas» con densidades de 1,2 habitante por km². Y la respuesta surge en cuanto nos preguntamos por qué se produce el fenómeno de migración interna. Sin duda que el desarrollo que alcanza una región opera como un «imán» hacia otra parte de la población que en su lugar de residencia no encuentra los caminos de realización.

La primera Ley de Coparticipación (Ley 14.788) estuvo inspirada en un propósito de «desarrollo integral» o más equilibrado en el país. Por eso estableció una distribución «primaria» entre la Nación y el conjunto de las provincias. El porcentaje que se asignaba a la Nación surgió de una evaluación de los servicios y actividades propias del gobierno federal como la defensa, la Justicia, la educación primaria media y superior (hasta que fue transferida a las provincias) y/o las grandes obras de infraestructura. Y en cuanto a la distribución secundaria o entre las provincias, se adoptó el criterio de distribuir una parte en forma directamente proporcional a la superficie y número de habitantes, y otra parte que era más de 50% en forma inversamente proporcional a esos parámetros, con objeto justamente de propender a un desarrollo más armónico, basado en un principio irrefutable de solidaridad entre las distintas provincias. Esta ley tuvo vigencia por varias décadas y, en general, mantuvo un clima armónico en el país, hasta que comenzaron las «excepciones» o los «parches» que acostumbramos a usar o las « reparaciones» como a la provincia de Buenos Aires con el Fondo del Conurbano; el reparto discrecional por el «color político» de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Luego vinieron los fondos especiales(el de Energía, el Vial, del Tabaco o de Desarrollo Regional) y así fuimos encontrando «atajos» para distorsionar los principios de la ley.

• Peso

Será difícil encontrar una salida a esta negociación solamente en el Congreso Nacional, donde seguramente, a la hora de votar, «pesa más el número de diputados que tienen las provincias grandes».

Este tema debe ser, como siempre lo fue, motivo de estudio y tratamiento en el Consejo Federal de Inversiones, donde los ministros de cada provincia aportan sus fundamentos hasta llegar a un proyecto aceptable para la mayoría y convertirlo en un proyecto de ley convenio que recién pasa al Congreso Nacional para su tratamiento y discusión final.

A esta altura del análisis cabe recordar a las instituciones que cumplen un importante rol en esta materia. La primera es la Comisión Federal de Impuestos (Art. 11, Ley 20.221) y el otro, el Consejo Federal de Inversiones al que nos referimos anteriormente.

Por último, dos palabras sobre los ingresos y gastos del Estado. Hoy los principales ingresos provienen de los impuestos que pagan las tantas veces atacadas empresas privatizadas, a lo que debemos agregar básicamente las «retenciones» sobre exportaciones y todos los otros impuestos como Ganancias, Valor Agregado, Patrimonio Neto, etc. A nivel provincial, tenemos el Inmobiliario, Ingresos Brutos, Automotores, etcétera.

Es importante que las distintas posiciones políticas transmitan a sus seguidores que la mayor actividad económica y las inversiones de capital son necesarias no sólo para la creación de fuentes de trabajo, sino como fuentes generadoras de tributos que vuelven al pueblo directa o indirectamente.