La campaña oficial para resucitar el sistema de reparto

La ANSeS y el jefe de Gabinete acaban de anunciar un proyecto de reforma del régimen de jubilación, cuya propuesta principal es abrir la posibilidad de que los afiliados al sistema de capitalización opten por el sistema estatal de reparto, y que a aquellos nuevos contribuyentes, que no elijan expresamente su prestadora, se los mande directamente al sistema de reparto, en vez de ser sorteados para ir a alguna AFJP, como hasta ahora. A ellos se les reserva el derecho que después puedan elegir afiliarse a una AFJP. También se ajustan las comisiones, el seguro, prestaciones e inversiones. Lo esencial de la reforma es incentivar la adhesión al sistema estatal de reparto.

Con habilidad mediática, el gobierno introduce la opción de elegir el sistema de reparto, en forma expresa o por descarte. «A nadie se le debe privar la libertad de elegir» suena muy simpático. «Después de todo, la gente es responsable», afirmaron algunos funcionarios. Sin embargo, la máxima libertad sería la de decidir no contribuir al sistema. Por supuesto, ello daría de bruces con todo el sistema de jubilación que consiste justamente en reconocer que buena parte de la población no constituiría voluntariamente reservas suficientes para su retiro del mercado laboral, quedando desamparados. Entonces la obligatoriedad, la no opción, es la base esencial del sistema, en todo el mundo.

Efecto

La opción propuesta y la cláusula que los que no opten expresamente vayan al régimen de reparto, proyectadas por funcionarios del gobierno, tiene el efecto de aumentar las contribuciones al Estado, en detrimento de las AFJP. Ello aprovecha características humanas, vigentes en todas partes. La gente tiene reticencia a pronunciarse por alguna alternativa, cuando las opciones son complicadas de comprender. La opción remanente (de no selección expresa) es la más frecuente, comprueban numerosos experimentos y experiencias en todo el mundo. Lo mismo ocurre en nuestro país, donde 70% de los nuevos aportantes al sistema de jubilación es indeciso. Actualmente, el sistema de reparto tiene 2 millones de trabajadores inscriptos, de los cuales aportan unos 600.000. En contraste, las AFJP tienen 11,3 millones de afiliados, de los cuales aportan regularmente unos 4,6 millones. Por ello, la reforma resultará en una pérdida en la participación del sistema privado.

Los logros de las AFJP son impresionantes. La cartera de inversiones acumula casi $ 91.000 millones, distribuida 54% en títulos públicos; 12,5% en acciones de empresas locales, 10% en acciones del exterior y el resto en fondos de inversión, contratos de futuros, opciones, depósitos y otros valores. El año pasado, la rentabilidad promedio de los aportes al sistema fue de 25,2% nominal (casi 14% real). Desde el inicio del sistema la rentabilidad fue de 15,7% nominal anual, un 10% real. Es una rentabilidad muy alta, superior a la de sistemas de otras naciones. Realmente, los críticos que afirman que el propósito de las AFJP es allegar dinero barato a los bancos debieran revisar las cifras oficiales. En diciembre la comisión de administración promedio fue de 1,12% del salario y el costo del seguro de invalidez y fallecimiento de 1,41%. La comisión de administración no es alta, en términos internacionales y fue cayendo desde el inicio. Sin embargo, el costo del seguro viene subiendo.

Si todo vino desarrollándose bien ¿por qué es necesaria una reforma? Lo óptimo es lo enemigo de lo bueno, reza el refrán. Pero siempre se puede mejorar, convocando a los interesados y expertos, con tiempo suficiente y en un marco propicio. De eso se trata la transparencia. De buena comunicación para transmitir el mejor conocimiento. Una agenda sustanciosa debiera incluir combatir la evasión, la inequidad de las jubilaciones de privilegio, los topes impuestos arbitrariamente a quienes más contribuyeron, como mejorar la administración del sistema estatal. Tratar estos temas requiere tiempo. En esta ocasión, me decía un distinguido colega, llama la atención la casi unanimidad de los representantes de todos los partidos en coincidir con el proyecto, aun antes de conocerse sus detalles. Incluso se muestran encantados dirigentes sindicales que no dan opciones ni siquiera a los no afiliados a su gremio, a los que se exige pagar la cuota gremial. Encandilarse con la opción, cuando la esencia del sistema es la obligatoriedad, nubla el entendimiento.

Con este proyecto, la Argentina vuelve a modificar los lineamientos de un régimen vigente exitoso, para los estándares nacionales, por más de una década. En contraste, durante los 60 años del sistema de reparto, los aportantes vivieron la zozobra de nunca saber exactamente cuáles eran sus derechos efectivos ni su patrimonio. Sufrieron la mayor de las incertidumbres cuando sus vidas se tornaban más frágiles. Fueron sujetos a ajustes repetidos, responsables pasivos de los desbarajustes de la política y coyuntura. Jubilación fue sinónimo de desamparo y hambre durante varios años. Las prestaciones del reparto dependen de la voluntad política del momento y de la coyuntura.

Sin flexibilidad

En la Argentina, el sistema no tiene colchones ni flexibilidad para atenuar las oscilaciones que las variaciones cíclicas de la economía imponen a los jubilados. El reparto refuerza los poderes de los dirigentes de tomar decisiones oportunistas. Incluir nuevos beneficiarios, elevar las prestaciones o disminuir los aportes antes de las elecciones puede resultar muy atractivo, por lo cual los gobernantes tienen fuertes incentivos a reforzar el sistema de reparto en detrimento de las AFJP. Hoy los pagos a los jubilados son una proporción del PBI muy inferior a la alcanzada en 1998, no obstante el fuerte superávit y excedentes financieros de la ANSeS.

En contraste, la ventaja del sistema privado es su transparencia. Cada contribuyente sabe cuál es su cuenta, su patrimonio, en la respectiva AFJP. Las entidades responden de sus actos con su patrimonio y sus directivos son seleccionados por sus conocimientos y conductas en la materia. Y la transparencia puede facilitar la flexibilidad y colchones que necesita una economía volátil, como la nuestra. Recién en 2020, las mujeres, y, en 2025, los hombres, tendrán jubilaciones enteramente financiadas por las AFJP, si duran las normas actuales. Quizás entonces sea tarde para que los que hayan quedado en el sistema de reparto reclamen a los actuales legisladores y funcionarios por su posición desventajosa respecto de las AFJP. Sin embargo aun antes, en varias ocasiones, los interesados podrían comprobar lo inconveniente del reparto. ¿Quién se hará responsable?