Para qué sirve hoy a las empresas el Procedimiento Preventivo de Crisis

Opiniones

Hasta mediados de mayo, ya se tramitan unos 400. Los PPC sólo podrán utilizarse para suspensiones y no para despidos, al menos hasta el 31 de julio. ¿Qué se necesita para que se homologado por el Ministerio de Trabajo?

El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) es un recurso contemplado por la Ley de Empleo 24.013 que permite a las empresas suspender o despedir personal ante una disminución del trabajo por fuerza mayor o por causas no imputables al empleador.

Frente a las sucesivas crisis económicas que ha tenido en nuestro país, este proceso ha sido y sigue siendo una herramienta legal muy utilizada por los empleadores en problemas.

Con la pandemia del Covid-19 y la economía cayendo abruptamente, la mayoría de las empresas se encuentran prácticamente paralizadas y con ventas mínimas o prácticamente nulas. En ese contexto, el pago de salarios resulta prácticamente imposible, sobre todo para las pymes.

En cierta medida, los programas de asistencia del Estado han ayudado a paliar una parte de la situación, pero aún así han sido innumerables las empresas que no han recibido ayuda o que la misma no ha sido suficiente.

El Decreto 329/2020 ha prohibido los despidos y las suspensiones por 60 días -plazo que fue prorrogado hasta el 31 de julio de 2020 por el Decreto 487/2020- con excepción de las suspensiones previstas en el art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Es decir, la normativa de emergencia ha dejado una ventana abierta para que las empresas en crisis puedan presentar un plan de suspensiones y de esa forma reducir la masa salarial.

Teniendo en cuenta lo expuesto, actualmente los PPC sólo pueden utilizarse como una herramienta de negociación para acordar suspensiones en los términos del art. 223 bis de la LCT. Es decir, estos procedimientos sólo pueden aplicarse de momento para las suspensiones de personal y no para los despidos.

A un mes del acuerdo suscripto entre la UIA (Unión Industrial Argentina) y la Confederación General del Trabajo (CGT), que estableció los parámetros en los cuales deben darse estas suspensiones, la cantidad de presentaciones de PPC ante el Ministerio de Trabajo han crecido exponencialmente. De acuerdo a fuentes de dicha cartera, a mediados de mayo había cerca de 400 pedidos de este tipo.

Vale recordar que el pacto UIA-CGT acordó la posibilidad de suspender personal con una rebaja salarial de hasta un 25% del ingreso neto del trabajador, con la garantía de la continuidad de los puestos de trabajo mientras se efectivice la suspensión (esto no aplica para los grupos considerados de riesgo que están dispensados de concurrir a su lugar de trabajo).

Además, las entidades acordaron que los acuerdos de suspensión que se adhieran a estos términos sean por un plazo de hasta 60 días, contados a partir del 1 de abril de 2020.

Debe tenerse en cuenta que este acuerdo aplica en principio sólo para trabajadores que no están prestando servicios con motivo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

¿Cuándo se homologa el Procedimiento Preventivo de Crisis?

En esta línea, el 30 de abril pasado la cartera laboral dictó la Resolución 397/2020, la cual establece que las presentaciones que se realicen en forma conjunta entre empresa y sindicato, siguiendo los lineamientos del acuerdo UIA-CGT mencionado anteriormente, serán homologadas por el Ministerio previo control de legalidad.

Cuando la presentación la realice sólo la empresa, se correrá traslado de la misma a la entidad gremial correspondiente para que se expida en un plazo máximo de hasta 5 días. Vencido dicho plazo, el silencio de la entidad sindical será entendido como una conformidad.

En caso que el gremio se oponga al plan de suspensión presentado por la empresa, se abrirá una etapa de negociación y conciliación entre las partes.

Vale aclarar también, que en los casos en que la empresa reciba el salario complementario denominado ATP, esa suma será considerada como parte integrante del monto abonado por el empleador en concepto de suspensión.

En síntesis, si el plan de suspensión reúne los parámetros previstos en el acuerdo UIA-CGT, el mismo será homologado prácticamente en forma automática.

En cambio, si el programa de suspensiones presentado ante el Ministerio de Trabajo comprende un descuento salarial mayor al 25%, se abrirá una etapa de negociación entre la empresa y el sindicato.

En definitiva, las empresas en crisis que quieran suspender personal tienen hoy dos caminos: adherir al acuerdo UIA-CGT, respetando el marco allí establecido, o abrir una etapa de negociación ante el Ministerio de Trabajo con la intervención de la entidad sindical que corresponda a la actividad.

Los PPC sólo podrán utilizarse únicamente para suspensiones en los términos del art. 223 bis de la LCT y no para despidos, al menos hasta el 31 de julio de 2020, que es cuando vence la prohibición de despedir personal.

(*) Abogado (UBA, 2001), Magister en Derecho Empresario, Universidad de San Andrés, Socio de Llerena & Asociados Abogados.

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